EMPRESA
Un empresario burgalés debería leer 3.000 páginas diarias de boletines oficiales para conocer la totalidad del ordenamiento jurídico
Las PYMEs conforman el 99'56% del tejido empresarial de Burgos, un sector que está expuesto a grandes cargas administrativas derivadas de un ordenamiento jurídico muy extenso repartido en normas locales, autonómicas y estatales sumadas a la normativa de la Comunidad Europea. Ante esta situación, CajaViva Caja Rural y FAE, a través de N&B, han llevado a cabo un estudio para analizar las cargas administrativas que deben soportar las PYMEs en Burgos y proponer la solución que, a priori, parece más efectiva: unificar las leyes y aplicar en ellas el principio de proporcionalidad en función del tamaño y los recursos.
01/12/2016 - 13:02h.
La macroregulación, a través de la normativa local, autonómica y estatal, además de la legislación que emana de la Unión Europea, hace que el empresario burgalés se vea envuelto en un sentimiento de indefensión ante la administración pública. El presidente de CajaViva Caja Rural, Ramón Sobremonte, ha señalado que este es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta las PYMEs de la provincia. A esto, el presidente de la FAE, Miguel Ángel Benavente, ha reseñado que un empresario burgalés, para conocer la totalidad de la legislación, debería de leer 3.000 hojas diarias para dejar de sentirse indefensos ante la administración. Además, ha matizado que la Unión Europea ha reconocido que estas leyes podrían unificarse, llegando a ahorrar 40.000 millones de euros.
El otro gran problema de esta macroregulación es la ausencia en la misma del principio de proporcionalidad, lo que hace que las PYMEs, microempresas y emprendedores deban hacer frente a, prácticamente, los mismos gastos que una gran empresa. Sobremonte ha instado a que este principio rija en todas las cargas administrativas para, sobre todo, brindar oportunidades a los emprendedores, sector que hay que desarrollar de cara al futuro.
El estudio ha analizado las horas que dedica una empresa a resolver las cargas administrativas y, posteriormente las ha traducido en dinero por lo que, han estimado que el coste total para la empresa burgalesa por dichas cargas sería de 140 millones de euros.
La solución que arroja el informe a este problema, y en palabras de la Comisión Europea, ha señalado el economista de NB Profesionales, José Ignacio Pascual, es "pensar primero a pequeña escala", y ser capaz de aprovechar las sinergias para unificar leyes pero, sobre todo, aplicar el principio de proporcionalidad en función del tamaño y los recursos para reducir y simplificar las cargas administrativas.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
09:28
19:00