Comunidad

Los empleados públicos que informen de corrupción e irregularidades tendrán una protección especial

Los inspectores tendrán dos meses para resolver el caso desde que se produzca la denuncia. De manera excepcional, cabe la posibilidad de trasladar de puesto de trabajo a la persona que haya proporcionado la información a otro puesto de características similares al que desempeñe.

Salamanca24horas | Burgos Noticias
25/10/2016 - 18:54h.
Sede de las Cortes de Castilla y León | ccyl.es
Sede de las Cortes de Castilla y León | ccyl.es

Ciudadanos consigue incluir las "malas prácticas" en la protección a los denunciantes y votará a favor de la ley. Su portavoz en las Cortes autonómicas, el salmantino Luis Fuentes, pone en valor "la primera Ley en España que protegerá a los funcionarios que destapen casos de corrupción en la Administración Pública".

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha procedido a la retirada de dos enmiendas a la Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción tras conseguir cerrar un acuerdo por el que las malas prácticas contrarias a los códigos éticos tendrán consecuencias.

Ciudadanos impulsó hace meses la primera Ley en España que protegerá a los funcionarios y empleados públicos que destapen casos de corrupción de posibles represalias, lo que supondrá uno de los mayores avances legislativos en la lucha contra la corrupción política y por la regeneración democrática.

La ley se aplicará a todo el personal de la Administración de la Comunidad, en la que se incluye la Administración General y la Administración Institucional

"Una vez más, la capacidad de acuerdo de Ciudadanos ha conseguido generar un consenso que desbloquee la ley de protección a los denunciantes de corrupción, ante la falta de diálogo del Gobierno y las posiciones inmovilistas del resto de la oposición", ha afirmado el salmantino Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos, que ha confirmado el voto afirmativo de la formación naranja a esta Ley en el próximo pleno. De esta manera, Ciudadanos conseguirá la aprobación del proyecto de ley que demandó al Gobierno de la Junta de Castilla y León como garantía de una decidida lucha contra la corrupción política.

La ley se aplicará a todo el personal de la Administración de la Comunidad, en la que se incluye la Administración General y la Administración Institucional, y atribuye a la Inspección General de Servicios la realización de las actuaciones mediante la apertura de una información reservada que tendrá carácter prioritario. El plazo general para realizar la actuación inspectora será de dos meses desde que la información llegue a la Inspección General de Servicios, aunque podrá ser ampliado por motivos de complejidad del caso concreto.

Una vez llevadas a cabo las actuaciones necesarias se contemplan tres supuestos: que se aprecie indicio de delito, en cuyo caso se prevé la remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal; que no se aprecie indicio de delito pero se detecte una posible infracción administrativa, en cuyo caso se emitirá un informe en el que se proponga la apertura de expediente sancionador, remitiéndose al órgano competente para su tramitación; o que no se aprecie indicios de responsabilidad.

Mediante esta nueva reglamentación se reconoce expresamente la prohibición de adoptar medidas que puedan perjudicar la situación laboral del informante, con especial referencia a la remoción del puesto de trabajo. Además, se reconocen las mismas garantías para los supuestos en que se denuncie directamente ante el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial, en cuyo caso se aplicarán desde que la denuncia se haya admitido a trámite. También, se garantiza la omisión de los datos relativos a la identidad del informante y de todos aquellos que pudieran conducir a su identificación.

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