Aunque en las ciudades crecen el interés y el uso de nuevas formas de movilidad sostenible, la España rural continúa enfrentándose a graves carencias estructurales de transporte. Así lo revela el Informe de Movilidad 2025 de BeConfluence e Impulso, que destaca cómo la falta de opciones de transporte limita el acceso al empleo, a los servicios y a las oportunidades de desarrollo económico en el medio rural.
El avance de nuevas fórmulas de movilidad compartida y sostenible sigue sin llegar a la España rural, donde los problemas estructurales de transporte continúan siendo una de las principales barreras para el desarrollo social, económico y profesional. Esta es una de las conclusiones más contundentes del Informe de Movilidad 2025, elaborado por las consultoras BeConfluence e Impulso, a partir del análisis del comportamiento digital de más de 17,9 millones de personas en España.
Según el estudio, que ha rastreado datos desde enero de 2023 hasta enero de 2025, el 47,6% de los habitantes del entorno rural declara tener dificultades para acceder a un empleo por la falta de transporte, y casi la misma proporción (46,8%) considera insuficiente la frecuencia de autobuses o trenes. Además, estas zonas carecen de alternativas como el carsharing o el uso compartido de vehículos eléctricos, lo que agrava la sensación de aislamiento.
"Sin opciones de movilidad adecuadas, muchas personas no pueden trabajar, estudiar o emprender en su propio territorio. La movilidad es un factor determinante para el arraigo y el desarrollo local", señala el informe, que recoge además el creciente malestar de estos ciudadanos ante la falta de soluciones concretas.
Mientras tanto, en las ciudades, las nuevas formas de movilidad (bicicletas, patinetes, carsharing) ganan terreno, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, estas alternativas aún no suponen una transformación del modelo dominante: el 48,7% de los usuarios sigue utilizando el transporte público y el 39,5% mantiene su vehículo privado como principal medio de desplazamiento. La movilidad alternativa solo es usada ocasionalmente por el 28,7%.
El informe también pone de relieve las diferencias generacionales: cuanto mayor es la edad, más peso tiene el vehículo propio frente a las opciones compartidas. Además, las restricciones urbanas, como las zonas de bajas emisiones, generan polémica: el 40,2% de los usuarios ha expresado rechazo, principalmente por la falta de alternativas viables y el incremento de costes.
En cuanto al interés por los vehículos eléctricos, se detecta un crecimiento notable, aunque motivado más por el ahorro a largo plazo que por la sostenibilidad. Aun así, su adopción se ve frenada por barreras como el precio, la falta de infraestructuras o las dudas sobre la autonomía.
Los responsables del informe insisten en la necesidad de un marco regulatorio estable, inclusivo y realista que tenga en cuenta las particularidades del medio rural, donde las soluciones no pueden limitarse al coche eléctrico o a aplicaciones móviles. "Entender cómo se mueven los ciudadanos y qué condiciona su movilidad es esencial para diseñar políticas públicas efectivas", afirma Rosa Gómez-Acebo, CEO de BeConfluence.
Por su parte, Ana Gómez Arche, CEO de Impulso, subraya que "sin colaboración entre administraciones y operadores privados, no será posible construir un modelo de movilidad que funcione para todos los territorios". Y en este punto, la España rural no puede seguir quedándose atrás.