MEDIOAMBIENTE
El Tribunal Supremo confirma la ilegalidad de la revisión del Plan Regional de Residuos por omitir la participación pública
El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente la última actualización del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, al considerar que la Junta aprobó el proyecto sin cumplir con los trámites legales y sin garantizar la participación pública. La decisión afecta a la gestión de desechos en toda la comunidad y pone en el punto de mira proyectos como el proyecto de incineración de residuos en Burgos.
06/03/2025 - 18:13h.
El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la última actualización del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL), aprobada en 2022 por la Junta. La sentencia ratifica la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al considerar que el proceso no cumplió con los trámites legales exigidos. Entre otras irregularidades, se señala que la actualización del plan se hizo sin la preceptiva evaluación ambiental y sin contar con el Consejo Regional de Medio Ambiente, el Consejo Económico y Social o la Federación Regional de Municipios y Provincias. Además, no se garantizó la participación pública, un derecho recogido en la Constitución.
El PIRCyL tenía como objetivo actualizar el modelo de gestión de residuos vigente desde 2016, que ya había sido calificado como ineficaz debido al aumento de residuos y a las bajas tasas de reciclaje en la comunidad. Según datos oficiales, en 2022 solo se recogió de forma selectiva un 16 % de los residuos domésticos en Castilla y León, y el reciclaje apenas alcanzó el 36 %, muy por debajo del 50 % mínimo exigido por la normativa europea.
En Burgos, esta decisión judicial cobra especial relevancia debido al proyecto de incineración de residuos promovido por la empresa pública Somacyl, que ha generado preocupación entre colectivos ecologistas y parte de la ciudadanía. Según Ecologistas en Acción, la incineración no es la solución adecuada para la gestión de los residuos, ya que genera contaminación y emisiones nocivas. En su lugar, reclaman medidas más sostenibles, como la mejora de la recogida selectiva, la reducción de envases de un solo uso y el fomento del reciclaje.
La sentencia vuelve a poner el foco en la política regional de residuos, que en los últimos años ha favorecido la instalación de vertederos y la incineración de residuos industriales. Castilla y León se ha convertido en un destino habitual para residuos peligrosos procedentes de otras partes de España, con instalaciones como la incineradora de Ólvega (Soria) o el vertedero de residuos peligrosos de San Justo de la Vega (León).
Ante esta situación, Ecologistas en Acción exige a la Junta de Castilla y León la elaboración de un nuevo Plan Integral de Residuos que se ajuste a la legislación vigente y que priorice estrategias de reducción, reutilización y reciclaje. La organización insiste en que un modelo más sostenible es clave tanto para la protección del medioambiente como para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de Burgos y el resto de la comunidad.