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Ecologistas en Acción denuncia el proyecto de construcción de una incineradora de basura en Burgos

Ecoparque Cortes
Foto: Universidad de Burgos

Ecologistas en Acción advierte sobre las emisiones tóxicas al aire, sobre la prioridadlegal del reciclado de los residuos domésticos y sobre el elevado coste de la incineradora

Redacción BurgosNoticias 
07/11/2024 - 13:39h.

El Ayuntamiento de Burgos está promoviendo el proyecto para construir una incineradora de residuos domésticos y comerciales en el Ecoparque de Cortes, situado a un kilómetro de este barrio burgalés, a 700 metros de Cardeñadijo y a tres kilómetros escasos de Cardeñajimeno y de la propia ciudad de Burgos. En estos momentos, se está practicando el trámite de audiencia a los interesados de la autorización ambiental que debe conceder la Junta de Castilla y León.

El proyecto ha sido ocultado de forma maliciosa bajo la denominación "Remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes" en la información pública aparecida en el BOCyL de 24 de abril de 2023, durante la que no se presentaron alegaciones, cuando se trata en realidad de una incineradora que quemaría 35.000 toneladas anuales de basura procedente del contenedor gris, más de la mitad de los residuos producidos en la ciudad de Burgos.

Aunque se prevé un aprovechamiento energético del calor de la combustión para secar los residuos antes de quemarlos y para producir electricidad, éste no es significativo: la potencia térmica de la incineradora es de 9 megavatios y su producción anual equivaldría a la que generan dos molinos de viento de los que en estos momentos se instalan cerca de Burgos.

Para Ecologistas en Acción, la propuesta municipal no se ajusta a la prioridad legal concedida en España y Castilla y León al reciclado frente a la incineración. En este sentido, hay que recordar que el Ecoparque de Burgos cuenta con sendas plantas de compostaje y de biogás para fermentar los restos de comida, obteniendo abono y energía. Para ello, los ayuntamientos de Burgos y su alfoz están obligados a recoger de manera separada estos biorresiduos, con lo que se deberían reciclar casi todos los residuos domésticos que generamos en nuestra ciudad.

El mayor problema de la incineradora son sus emisiones al aire de contaminantes tóxicos como metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos y dioxinas y furanos. que son vertidas a la atmósfera, pasando luego a las personas por inhalación e ingestión de alimentos contaminados. El Centro Nacional de Epidemiología ha concluido en un estudio de 2013 que las incineradoras de residuos domésticos en España provocan "un notable incremento del riesgo de tumores en la pleura y la vesícula (hombres) y en el estómago (mujeres)".

La dirección de los vientos dominantes y la proximidad de las poblaciones de Cardeñadijo y Cadeñajimeno, del barrio de Cortes y de la propia ciudad de Burgos permiten augurar serios problemas para la salud de sus habitantes y de todo el alfoz. Además, la incineración generará hasta 10.000 toneladas al año de cenizas y escorias, consideradas residuos peligrosos.

En España sólo hay once incineradoras de residuos domésticos, la mayoría en poblaciones grandes como Bilbao, Guipúzcoa, Madrid o Mallorca, dado que por su elevado coste requieren quemar grandes cantidades de residuos para resultar rentables. La nueva Ley de Residuos penaliza la incineración y el vertido de los residuos domésticos y obliga a los ayuntamientos a repercutir en sus tasas de basuras el sobrecoste económico y ambiental de este tipo de instalaciones, lo que resultará muy gravoso para las familias burgalesas.

El propio proyecto estima el coste de la instalación de la incineradora de residuos domésticos en 15 millones de euros, la mitad de la inversión total prevista en el Ecoparque, al que hay que sumar el millón de euros al año que costarán su operación y mantenimiento. Cantidades económicas que podrían destinarse a implantar la recogida separada de los restos de comida.

Por todo ello, la organización ambiental reclama al Ayuntamiento de Burgos la retirada del proyecto, y pedirá a la Junta de Castilla y León que deniegue la autorización ambiental por él solicitada, o subsidiariamente que practique una información pública transparente que permita una participación efectiva y real de la población en un asunto en que nos jugamos la salud.

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