La Junta rechaza que el Gobierno prohíba cazar lobos y hace frente con Asturias, Cantabria y Galicia

Castilla y León quiere mantener la actividad de la caza del lobo ibérico. Y para ello la Junta se ha unido a los responsables políticos de Galicia, Asturias y Cantabria que, según han materializado en una carta conjunta, consideran "innecesaria" la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Esta inclusión del obo es una propuesta que el Gobierno central baraja desde hace varios meses, lo que "ha movilizado la inquietud" de las cuatro comunidades autónomas, enviando una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmada por los cuatro consejeros de Medio Ambiente, en la que también piden un encuentro para analizar el escenario.

La misiva argumenta que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene en este momento sería una "decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero", que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, "son los que sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales".

Sin embargo, no se ofrecen datos, los cuales, por ejemplo en León, indican que la incidencia de los daños de lobos es muy baja incluso aunque se trata de una de las provincias, junto con Zamora, con que más ejemplares y manadas cuenta. De hecho, es sobre todo en la provincia de Ávila, al sur del Duego, donde sí existe un mayor conflicto con los ganaderos. Y a pesar de ello, en león la Junta ha autorizado a matar 153 ejemplares en tres años.

Sin embargo, las cuatro Comunidades que gestionan las poblaciones de lobo "más numerosas y mejor conservadas defienden la necesidad de compatibilizar la existencia de las manadas en el medio rural con la ganadería extensiva y la viabilidad de las explotaciones ganaderas".