100 viviendas de la SAREB, por entre 125 y 400 euros al mes
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente pondrá a disposición del parque público de alquiler que gestiona la Junta de Castilla y León un centenar de viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), sin perjuicio de la posible ampliación de ese número, y se alquilarán a personas y familias a un precio que oscilará entre los 125 y los 400 euros mensuales, dependiendo de dónde se encuentre la vivienda y de su superficie, así como de las circunstancias personales, económicas y sociales del inquilino, quien, en ningún caso, aportará más del 30 % de sus ingresos.
El convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y la SAREB contempla un periodo de cesión de las viviendas de cuatro años a cambio de 660.000 euros que desembolsará la Administración autonómica. La contraprestación de las viviendas cedidas varía en función de si está ocupada o no, de forma que en caso de estar habitada serían 75 euros mensuales, y si está desocupada serían 125 euros mensuales.
El 50 % de las viviendas cedidas en el ámbito de este convenio deberán estar vacías en el momento de la cesión, y de la otra mitad, algunas podrían estar ocupadas por sus antiguos propietarios que se encuentren en situación previa al lanzamiento judicial, con lo que se trataría de regularizar su situación en la vivienda mediante la suscripción de un contrato de alquiler social, con el fin de proporcionarles estabilidad y seguridad jurídica.
Durante los cuatro años de vigencia del convenio, el Gobierno autonómico y la SAREB compartirán la distribución de los gastos derivados de la propiedad de las viviendas, comunidad, seguros, IBI, mantenimientos ordinarios, etc., y al finalizar el plazo el convenio podrá ser objeto de prórroga.
Con la incorporación de estas 100 viviendas al parque público de alquiler que gestiona la Junta de Castilla y León, la consejería de Fomento y Medio Ambiente avanza en la transformación de la política de vivienda que ha sido objeto de participación y acuerdo con los agentes sociales en el marco del 'Pacto por el Alquiler' del Consejo del Diálogo Social, reorientando las políticas hacia el fomento del alquiler social como solución viable para las necesidades de vivienda de la población con dificultad de acceso a la misma.