Vox tacha de falta de ética la adjudicación de contratos del Ayuntamiento a una empresa de la que es accionista Borja Suárez
Fernando Martínez-Acitores critica que el Ayuntamiento de Burgos adjudique contratos a una empresa participada en un 33% por Borja Suárez y exige explicaciones y responsabilidades políticas
El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha cargado contra la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Burgos de varios contratos a una empresa de la que es accionista en un 33% el concejal y presidente provincial del PP, Borja Suárez, según ha publicado elDiario.es.
Acitores ha reconocido que “seguramente no sea ilegal”, pero ha calificado el caso como una “falta de ética y estética”. “No es que sea feo, es que es espantoso”, ha criticado el edil.
Asimismo, ha señalado que desde el Consejo de ProBurgos pedirán los expedientes y explicaciones “muy claras”, y exigirán responsabilidades políticas a Suárez.
Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, se ha pronunciado sobre este asunto y ha confirmado que ya se ha solicitado un informe a la Secretaría General para determinar si existe o no incompatibilidad. En caso de que la hubiera, ha señalado que sería responsabilidad de Suárez decidir si mantiene sus acciones en la empresa y renuncia a su acta como concejal y a la Presidencia de la Diputación Provincial, o si, por el contrario, se desprende de dichas participaciones.
Además, Ayala ha subrayado que en las adjudicaciones de estos contratos no ha existido intervención política de ningún concejal, al ser preguntada por la posible falta de ética en el caso.
DECIDE BURGOS
DECIDE Burgos exige la dimisión de Borja Suárez y la revisiónde oficio de los contratos adjudicados a Eventos El Espino SL, empresa de la que Borja Suárez—presidente del PP de Burgos, presidente de la Diputación Provincial y concejal del Ayuntamientode Burgos— posee actualmente el 33% del capital social. Una empresa que, por pura casualidad,se desplaza 80 kilómetros desde Santa Gadea del Cid para servir catering en actos institucionalesde las administraciones en las que él tiene capacidad de influir.
Según la información publicada por elDiario.es los días 3 y 4 de marzo de 2026, entre 2023 y 2025las administraciones públicas adjudicaron a esa empresa al menos doce contratos menores,distribuidos entre Proburgos (6), el Ayuntamiento de Burgos (2), la Consejería de Medio Ambientede la Junta de Castilla y León (3) y la Consejería de Economía (1). Todos ellos se tramitaron sinpublicidad previa ni mesa de contratación.
El marco legal aplicable no deja margen de interpretación. El artículo 12 de la Ley 53/1984, deIncompatibilidades, obliga a los cargos públicos a optar entre el cargo o la participación societariacuando su empresa contrata con la administración donde ejercen funciones. El artículo 71.1.g dela Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece una prohibición automática decontratar para las empresas en las que un cargo público tenga una participación superior al 10%.
Suárez tenía el 22% en 2023 y tiene el 33% desde diciembre de 2025.La incompatibilidad es objetiva. No depende de si Suárez sabía o no sabía de los contratos, ni de sitiene o no tiene cartera en el Ayuntamiento. Depende del porcentaje. Y ese porcentaje supera elumbral legal desde el primer día.
La situación no afecta únicamente a Borja Suárez. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quecomparte trayectoria política con Suárez desde la llamada "guerra del txakoli" en 2010, hareaccionado solicitando un informe a la Secretaría General del Ayuntamiento.
Una reacción que llega después de que la prensa publicara la noticia, no antes.Los servicios de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento y de Proburgos tramitaron esoscontratos. La Junta también. Ninguno activó el control previo que la ley exige. Eso no es un falloadministrativo menor: es la demostración de que los mecanismos de control interno no funcionancuando afectan a quien manda.
Plan General de Ordenación Urbana
En otro orden de asuntos, el concejal de Vox, Ignacio Peña, ha confirmado el voto favorable de su grupo al Plan General de Ordenación Urbana en el Consejo de Urbanismo, “por responsabilidad” y “para que la ciudad avance”, aunque ha matizado que existen aspectos del documento que no comparten al cien por cien.