El Consejo de Gerencia aprueba la justificación de las subvenciones de cooperación al desarrollo de 2019 y de las ayudas de emergencia de 2023, mientras espera la resolución de dos recursos que afectan a nuevos contratos municipales
La Gerencia Municipal de Servicios Sociales ha aprobado este martes la justificación de las ayudas de cooperación al desarrollo correspondientes a la convocatoria de 2019, por un importe total de 774.377 euros, así como las ayudas de emergencia humanitaria de 2023, dotadas con 74.480 euros. La presidenta de la Gerencia y concejala, Milagros del Campo, ha informado además de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL) ha desestimado el recurso presentado contra la adjudicación del Programa de Atención a Familias, lo que permitirá formalizar el contrato durante este mes para que entre en vigor el próximo 1 de agosto.
Del Campo ha explicado que la aprobación de la justificación de las ayudas de cooperación llega con retraso debido a la complejidad que supone verificar los proyectos ejecutados en distintos países. Entre las entidades beneficiarias figuran Cáritas, Entreculturas, Manos Unidas, Asamblea de Cooperación por la Paz, Entre Pueblos, Jóvenes y Desarrollo o SED, entre otras organizaciones.
Los proyectos financiados se han desarrollado en países como Mozambique, Perú, Chad, India, Senegal, Togo y Guatemala, además de otros destinos de cooperación internacional.
El Consejo de Gerencia también ha dado el visto bueno a la justificación de las ayudas de emergencia humanitaria correspondientes a 2023, destinadas a actuaciones en Gaza y la República Democrática del Congo, con la participación de entidades como SED, la Fundación Hospital Mayor Rey, Rubare y Asamblea de Cooperación por la Paz.
Durante la sesión se ha informado igualmente de la aprobación de la justificación de varios convenios suscritos con CLAD, la Fundación Eusebio Sacristán y Voluntarred, lo que permitirá abonar el 30% restante de las subvenciones concedidas. Asimismo, se ha dado cuenta de la segunda prórroga de los convenios con el Banco de Alimentos y la asociación Nuevo Futuro, responsable de la gestión de hogares para menores en situación de protección.
En materia de contratación, la principal novedad ha sido la resolución del recurso presentado contra la adjudicación del Programa de Atención a Familias. La desestimación del TARCYL permitirá formalizar el contrato durante julio para iniciar la prestación del servicio el 1 de agosto.
No obstante, otros dos expedientes permanecen pendientes del pronunciamiento del tribunal administrativo. Se trata del contrato del Servicio de Cuidados a la Infancia y del correspondiente a la gestión de los centros cívicos.
En este último caso, Del Campo ha explicado que uno de los recursos cuestiona aspectos económicos de los pliegos y determinadas categorías profesionales. Aunque el plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 16 de julio, el Ayuntamiento no abrirá las propuestas ni continuará con la licitación hasta conocer la resolución del TARCYL, ya que cualquier modificación de los pliegos obligaría a reiniciar el procedimiento.