La presidenta del TSJCyL reclama más jueces y medios para afrontar la sobrecarga judicial

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Ana del Ser, ha defendido este jueves, durante el acto de Apertura del Año Judicial 2026-2027 en Castilla y León, la necesidad de continuar reforzando la planta judicial, dotar de los medios necesarios al nuevo modelo organizativo impulsado por la Ley de Eficiencia y preservar la independencia judicial como garantía esencial de los ciudadanos.

En una intervención ante miembros de la Carrera Judicial y Fiscal, profesionales de la Administración de Justicia y representantes de las principales instituciones, la presidenta ha destacado que los órganos judiciales de Castilla y León han logrado aumentar su capacidad de respuesta, resolver más asuntos que en años anteriores y reducir el volumen de procedimientos pendientes, pese a que continúan existiendo importantes niveles de sobrecarga en numerosos órganos judiciales.

La presidenta ha atribuido estos resultados al esfuerzo y el compromiso de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y demás profesionales que sostienen diariamente el funcionamiento de los tribunales. «Su trabajo constituye el principal activo de la Justicia de Castilla y León», ha afirmado.

Nuevas plazas judiciales

La presidenta del TSJCyL ha insistido en la necesidad de continuar fortaleciendo la planta judicial de Castilla y León para responder adecuadamente a las cargas de trabajo existentes. En este sentido, ha valorado positivamente las diecinueve plazas previstas en la reciente adecuación de la planta judicial, aunque ha advertido de que las necesidades de la Comunidad no concluyen con esa ampliación.

Por ello, ha señalado que la Sala de Gobierno considera imprescindible seguir impulsando nuevas plazas judiciales y nuevos jueces de adscripción territorial para reforzar órganos civiles, penales, sociales, mercantiles y especializados.

«La sobrecarga permanente de los órganos judiciales no puede convertirse en un mecanismo ordinario de funcionamiento del sistema. Una Justicia moderna y eficaz requiere recursos suficientes, planificación adecuada y una estructura capaz de responder a las necesidades reales de la ciudadanía», ha manifestado.

Del Ser ha recordado además las singularidades territoriales de Castilla y León, por su extensión geográfica, dispersión de la población y elevado número de partidos judiciales, circunstancias que obligan a compatibilizar la proximidad de la Justicia con la necesaria especialización de determinados órganos.

Violencia de género

Otro de los asuntos destacados durante la intervención ha sido la evolución de la organización judicial en materia de violencia sobre la mujer. La presidenta ha recordado que la ampliación de competencias y la incorporación de los delitos de violencia sexual al ámbito de actuación de estos órganos especializados han hecho necesario revisar su organización y dimensionamiento.

Asimismo, Del Ser ha destacado la puesta en funcionamiento durante este año de nuevas plazas especializadas y los avances producidos en los procesos de comarcalización, especialmente en aquellos territorios donde la carga de trabajo así lo exigía.

«La experiencia demuestra que la especialización mejora la calidad de la respuesta judicial y proporciona una protección más eficaz a las víctimas», ha señalado. El objetivo, ha añadido, es continuar avanzando en esa dirección, «garantizando siempre el equilibrio entre la especialización, la proximidad territorial y la adecuada dotación de recursos».

Ley de Eficiencia

Ana del Ser también ha abordado la culminación del proceso de implantación de la Ley de Eficiencia, que ha transformado profundamente la organización de los órganos judiciales y cuyo nuevo modelo constituye ya una realidad en los tribunales de Castilla y León.

La presidenta ha señalado que durante el último año se han afrontado las dificultades detectadas en su puesta en funcionamiento y ha citado entre los principales desafíos la adaptación de las infraestructuras, la adecuación de las aplicaciones informáticas, la coordinación entre las oficinas judiciales y los distintos órganos jurisdiccionales, y las necesidades de personal.

En este sentido, ha considerado «imprescindible» que la nueva organización vaya acompañada de los recursos necesarios para desarrollar plenamente su potencial y ha advertido de que las limitaciones en la dotación de medios personales de algunas oficinas judiciales siguen constituyendo «un motivo de preocupación».

No obstante, ha destacado que la profesionalidad y el esfuerzo de quienes prestan servicio en la Administración de Justicia han permitido que el nuevo modelo funcione con relativa normalidad y ha asegurado que se seguirá trabajando para que alcance su pleno rendimiento, reforzando su agilidad y capacidad de respuesta.

Independencia judicial

En la última parte de su intervención, la presidenta del TSJCyL ha realizado una reflexión sobre la independencia judicial en un contexto de intenso debate público y creciente exposición de las resoluciones judiciales al escrutinio social.

Ana del Ser ha defendido que las resoluciones judiciales pueden ser analizadas, discutidas y criticadas y que la crítica jurídica razonada contribuye a fortalecer el sistema y mejorar la calidad de la Justicia. Al mismo tiempo, ha recordado que la discrepancia con una resolución judicial es legítima, pero ha advertido de que «la atribución infundada de motivaciones políticas o ideológicas a los jueces no solo afecta a quienes ejercen la jurisdicción, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho».

La magistrada ha reivindicado además la independencia judicial como una garantía de los ciudadanos y ha recordado que permite que cualquier persona pueda acudir a los tribunales con la confianza de que su asunto será resuelto únicamente conforme a la Constitución, la ley y las pruebas practicadas. «Significa que ninguna presión ni interés ajeno al Derecho puede condicionar una resolución judicial», ha afirmado.

Del Ser ha subrayado también que la independencia judicial exige «responsabilidad, prudencia, profesionalidad e imparcialidad», valores que ha considerado inseparables del ejercicio de la función jurisdiccional, y ha apelado a la responsabilidad compartida de jueces, poderes públicos y de quienes participan en la vida institucional y en el debate público para preservar las condiciones que hacen posible una Justicia independiente y eficaz.

«Sin una Justicia independiente no existe una garantía efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos. Porque la confianza de la sociedad en la Justicia constituye uno de los pilares esenciales sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho», ha concluido.