La Sociedad Municipal de Aguas sitúa la incidencia por debajo del 5%, mientras que el Ayuntamiento asegura que las prestaciones municipales se están desarrollando con normalidad, salvo el servicio de autobuses
La huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, está teniendo un seguimiento desigual en los distintos servicios municipales de Burgos. Según los datos facilitados por la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, alrededor del 25% de la plantilla municipal de la Gerencia de Servicios Sociales ha secundado el paro, frente al 11% registrado en el servicio de limpieza y recogida de residuos y menos del 5% en la Sociedad Municipal de Aguas.
Ballesteros ha comparecido para ofrecer un primer balance de la jornada y ha asegurado que, salvo en el transporte urbano, los servicios municipales están funcionando con normalidad y conforme a la planificación prevista.
En el caso de Servicios Sociales, la portavoz ha precisado que el seguimiento se sitúa en torno a una cuarta parte del personal municipal, aunque ha insistido en que todas las prestaciones están garantizadas. También ha destacado que los servicios externalizados de esta área se están desarrollando con normalidad dentro de los mínimos establecidos.
Por su parte, el servicio de limpieza diaria y recogida de residuos registra un seguimiento del 11%. En este ámbito, Ballesteros ha confirmado que se están cumpliendo los servicios mínimos acordados con los sindicatos y que no se ha producido ninguna incidencia. La Sociedad Municipal de Aguas, por su parte, presenta una incidencia inferior al 5%.
La principal excepción se encuentra en el servicio de autobuses urbanos, donde los piquetes situados a primera hora en las inmediaciones de las cocheras de carretera de Poza han impedido la salida de los vehículos previstos dentro de los servicios mínimos. Únicamente ha podido circular el autobús de la línea 100, correspondiente a los servicios especiales, que ha tenido que salir escoltado por la Policía.
La portavoz municipal ha calificado de “vergüenza” que no se hayan respetado los servicios mínimos pactados, especialmente por las consecuencias que ha podido tener para los ciudadanos que necesitaban desplazarse al Hospital Universitario de Burgos. También ha puesto el foco en las personas con discapacidad y los usuarios de entidades del tercer sector que utilizan diariamente los servicios especiales para acudir a sus terapias.
Ballesteros ha defendido el derecho constitucional a la huelga, pero ha recordado que también debe garantizarse el derecho de los ciudadanos a disponer de los servicios mínimos acordados, especialmente cuando se trata de desplazamientos relacionados con la atención sanitaria.