Se encontraba con tres galgos en clara acción de caza en un terreno cinegético para el que carecía de autorización
La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un varón de 47 años de edad, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, por furtivismo, tras haber sido sorprendido en acción de caza con galgos, durante el periodo de veda y en un terreno acogido a coto de privado de caza situado en la comarca de Alfoz de Burgos, sin la preceptiva autorización.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre, a primera hora de la mañana, cuando la presencia de un turismo estacionado en un camino, entre unas tierras de labor, llamó la atención de una patrulla del Puesto Principal Alfoz de Burgos; al instante, los guardias civiles verificaron la presencia de dos personas que se hacían acompañar de tres perros.
Una observación más detenida destapó que se trataban de galgos, que estos estaban sueltos y se encontraban a cierta distancia de los dueños; los canes carecían de bozal y se afanaban en clara actitud de caza batiendo el terreno, supuestamente en busca de alguna pieza, en una finca de cultivo.
Los agentes se aproximaron con la intención de identificarles y verificar la actividad que estaban desarrollando, momento en el que -al percibirse de la presencia policial- la pareja recogió apresuradamente a los perros y de la misma manera se dirigieron al vehículo en donde les introdujeron, con la intención de abandonar el paraje, aunque fueron interceptados allí mismo.
El responsable de los cánidos fue requerido para que mostrara la autorización del titular del acotado para poder cazar en sus terrenos y la preceptiva licencia de caza para realizar la actividad con galgos, aunque no pudo mostrar ninguno de los documentos solicitados, al carecer de ambos.
Se han instruido diligencias policiales que, junto con el infractor, han sido puestas a disposición de los Juzgados de la capital.
La Guardia Civil recuerda que el furtivismo constituye un delito tipificado en el Código Penal, que trae aparejadas penas de inhabilitación para la caza de hasta tres años y multas de hasta ocho meses.
Por ello, continuará con las acciones preventivas y de concreto seguimiento para poner fin a este tipo de prácticas, en tanto suponen un grave perjuicio económico al medio rural, a la hostelería y comercios en general, a los ayuntamientos, juntas vecinales, a los gestores cinegéticos y propietarios de los cotos de caza y a los propios cazadores.