La Ley establece que la caza deba hacer de manera "racional y ordenada" para garantizar un estado de conservación "favorable" de las especies. Asimismo, la caza ha demostrado ser la herramienta de control más eficaz en ungulados silvestres, jabalíes o conejos, pues permite reducir los daños en cultivos, la ganadería, prevenir accidentes de tráfico y evitar enfermedades tales como la tuberculosis bovina o la peste porcina africana.
Además, como establece la Ley, la caza es "determinante" para la conservación del patrimonio natural y el equilibrio de los ecosistemas y de la fauna. En Castilla y León más del 88% de su superficie son terrenos cinegéticos y la mayor constituidos como cotos privados de caza.