Educación Burgos: Castilla y León está entre las tres comunidades que resisten con clases 100% presenciales

La educación se acerca a una encrucijada. Las cifras de contagios suben con carácter general, las familias (y muchos docentes) protestan por el modelo de enseñanza semipresencial e incluso lo denuncian en los tribunales (en el caso extremo de Murcia, que la aplica a todas las edades) o el Defensor del Pueblo, pero otros profesores alertan contra la inseguridad que supondría pasar a uno 100% presencial. Todo a la vez no puede ser, y la tendencia apunta a que si hay una evolución en algún sentido, va a ser hacia más restricciones a la hora de acudir a los centros de estudio: comunidades como Catalunya, que empezó el curso con todos los alumnos en clase, han pasado a la semipresencialidad en Bachillerato y FP. Aunque otras, como Castilla y León, Navarra y Euskadi, resisten con un 100% de presencialidad. Cantabria está casi ahí, con la Secundaria presencial, pero la Formación Profesional (FP) a medias. A nivel local también se han dado casos de colegios que han pasado de la semipresencialidad a la presencialidad absoluta.

De momento, las administraciones educativas ?Ministerio de Educación incluido? defienden que clausurar las escuelas como en marzo es la última opción. "Los colegios serían los últimos en cerrar si la situación empeora", ha dicho la ministra Isabel Celaá en alguna ocasión. Pero todas las comunidades tienen ?o deberían? escenarios de cierre previstos a los que quizá tengan que recurrir. Los docentes, un cuerpo heterogéneo donde los haya, están divididos. Podría afirmarse que (casi) ninguno considera que la educación semipresencial sea una buena solución, pero muchos la ponen en la balanza y creen que "es la menos mala" ante la pandemia y "mucho mejor que meter más alumnos en las aulas" con los datos de incremento de los contagios en mano. En Europa, la situación es bastante similar: las escuelas deben resistir.

"Estamos en estado de alarma", explica un docente su rechazo a una mayor presencialidad. "En Aragón hemos pasado en un mes de 300 a más de 1.000 casos por 100.000 habitantes (cuando la Universidad de Harvard recomienda cerrar por completo un colegio con más de 25 casos por 100.000), una positividad del 8% a más del 20% (cuando la OMS considera que con más de un 5% la situación está descontrolada), dentro de poco vendrá el frío de verdad y será muy complicado ventilar las clases, tenemos confinamiento perimetral, reducción de aforos en todos los ámbitos (menos en el escolar, en el que no se aplican las misma leyes que para todos).... ¿Y lo único que se les ocurre es meter aún más alumnos en las aulas, sin distancias de seguridad, sin EPIs para los docentes, con una vigilancia epidemiológica desbordada y sin recursos suficientes, con unos adolescentes que en algunos casos incumplen las normas? ¿No se han enterado que estamos en una pandemia?", resume el pensar de muchos.

Los datos de Sanidad no contribuyen a la tranquilidad de los docentes. El mensaje oficial, en base a los fríos números de contagios en los centros educativos, es que las escuelas son lugares seguros. Los docentes rechazan esta afirmación bajo el argumento de que si no se hacen pruebas no se pueden detectar positivos: "El Gobierno de Aragón [y tantos otros] no hace pruebas en Secundaria cuando hay un caso positivo en la clase (yo ya he tenido varios alumnos positivos y hemos seguido las clases como si tal cosa, sin tomar ninguna medida)", explica Daniel, docente en Zaragoza.

Los datos periódicos que ofrece Sanidad sobre brotes (que no contagios) refuerzan esta percepción de inseguridad: los centros educativos son el segundo entorno en el que más brotes se detectan, con un 13,82% del total y 211 brotes en la última semana, por encima del laboral (el ámbito de trabajo registra 172 brotes, el 11,72%) y solo por debajo, pero no tanto, del denostado ámbito familiar (248 brotes, 16,25% del total), destinatario de casi todas las medidas de contención. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que la mayor parte de los brotes en el sistema educativo se producen en la ESO, justo donde se da la semipresencialidad.

Y, sin embargo, lo que para algunas comunidades es un imposible es bien real en otras: Castilla y León, Euskadi y Navarra han hecho una apuesta y un esfuerzo por mantener la presencialidad de todo el alumnado a base de profesorado y protocolo. En Navarra ya han anunciado que no planean renunciar a ella bajo ningún concepto.

Castilla y León es una de las pocas autonomías que ha apostado por las clases presenciales en todos los niveles educativos, incluida la enseñanza de Bachillerato, informa Alba Camazón. Los estudiantes dan clase con distancia de seguridad, mascarilla y las ventanas abiertas e incluso se han organizado clases por la tarde en algunos centros para evitar las aglomeraciones. También se han establecido diferentes horarios de entrada y salida, además de los recreos. La Junta de Castilla y León ha establecido ratios de hasta 22 para Infantil y Primaria (antes 25) y 25 para Secundaria (30 hasta ahora) y Bachillerato (35), para lo cual contrató 800 profesores al principio de curso.

Sí son constantes, como en el resto de las comunidades, los estudiantes cuarentenados por contacto reciente, aunque eso no afecta a sus compañeros. Las clases no se cierran hasta que no haya un confirmado en el aula. En ese caso, la dirección se hace cargo cuando existe un alumno en clase con síntomas compatibles de COVID-19 y se le realiza una PCR en el sector privado, puesto que la mutua es la responsable, pero el análisis corre a cargo de las universidades. Si el progenitor o tutor lleva al menor al centro de salud, se hace cargo Atención Primaria. En el momento en el que se confirma, se aísla a toda la clase.

Actualmente hay 201 aulas en cuarentena, el máximo hasta ahora según los datos de Transparencia de la Junta. Este número de aulas confinadas crece a medida que aumenta la incidencia acumulada en Castilla y León, que es de 832 casos por cada 100.000 habitantes. Desde que comenzó el curso, se han confirmado 276 alumnos contagiados y 30 profesores con COVID-19.

El único cambio registrado en la región en los últimos días afecta a la Formación Profesional, siempre con esa imagen de hermana pobre de la educación académica. Las prácticas de esta etapa formativa se adaptarán a la situación sanitaria, según ha comunicado la Consejería de Educación castellanoleonesa, por la vía de reducir sus horas al mínimo legal.