El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Vicente Marañón, ha recordado que su formación fue la primera en denunciar el funcionamiento y la existencia de entidades que configuraban, a su entender, "una administración paralela" en la ciudad de Burgos.
Así lo hacía al inicio del presente mandato, al declarar que para Cs "el Plan Estratégico era la mayor de todas esas entidades" y recordar que su funcionamiento era apoyado y sus profesionales defendidos por todos los grupos políticos salvo Ciudadanos.
Ahora, con el dictamen de la 'Comisión de investigación sobre la gestión de los proyectos de movilidad subvencionados con fondos europeos', Marañón recuerda que el punto quinto solicitaba el cese inmediato del ex gerente Mario San Juan y el punto sexto su amonestación pública.
En este sentido, ha señalado que este dictamen, que fue apoyado con sus votos por el PP, no fue respetado por este partido, ni por el alcalde, y no solo no se cesó a Mario San Juan, sino que se prolongó su relación contractual 3 meses más y se le encomendó liquidar el Plan Estratégico.
Al respecto, y ante la posibilidad de tener que abonar a Mario San Juan una cantidad "astronómica" que puede alcanzar los 120.000 euros, desde Ciudadanos Burgos se ha exigido que el alcalde de la ciudad y antiguo presidente del Plan Estratégico, así como los concejales del PP que votaron el dictamen de la Comisión, expliquen a la sociedad burgalesa quién se va a hacer responsable de las consecuencias de una "nefasta" gestión del fin del Plan Estratégico, al tiempo que ha pedido al Ayuntamiento que defienda el interés general.
Marañón ha querido realizar una comparativa entre la cantidad que podría llegar a percibir el antiguo gerente y las subvenciones provenientes de la Unión Europea. En este sentido, Marañón ha indicado que frente a la posible indemnización de 120.000 euros, la subvención europea para el proyecto PTP Cycle fue de 170.177 Euros y la de Smartmove de 101.207 Euros.
Asimismo, el concejal naranja ha solicitado que desde el Ayuntamiento de Burgos se defiendan los intereses de la ciudad y se estudien los posibles perjuicios que se hayan derivado de su gestión durante los últimos años, así como sus posibles responsables.
Un primer paso, en este sentido y en opinión del concejal naranja sería la utilización de cuantos medios legales y jurídicos estén al alcance del Ayuntamiento para evitar abonar la cantidad antes mencionada de 120.000 euros.
Marañon ha señalado que esta situación vuelve a evidenciar la desidia del PP en la gestión de la Administración paralela y la falta de control de fondos públicos, al tiempo que ha pedido explicaciones acerca de porqué no se cumplió el dictamen de la Comisión de Investigación.