La provincia de Burgos ha perdido de 2010 a 2016 unos 2.000 empleados públicos, que no se han sustituido o se ocupan con interinos o contrataciones temporales. La interinidad, "es muy elevada", denuncia la presidenta provincial de CSIF Burgos, Silvia Cámara, con porcentajes del 20% en la Administración General de la Junta de Castilla y León, 23,2% en Educación, un 22% en Sanidad.
Cámara advierte del "alarmante" envejecimiento de los empleados públicos de Burgos, ya que un 70% tiene más de 50 años, y casi un 20% ya supera los 60 años. "Una situación que exige a los responsables de las administraciones tomar medidas urgentes, y a los responsables sindicales estar muy pendientes de velar por la aplicación del Acuerdo para la Mejora del Empleo Público", afirma la presidenta provincial de CSIF de Burgos.
En el caso de los trabajadores de las administraciones locales burgalesas, CSIF ha recordado que se han perdido casi 500 empleos en los últimos 6 años. Precisamente, Silvia Cámara ha anunciado que "vamos a solicitar a los ayuntamientos la colaboración y la transparencia necesaria, para conocer la situación de sus plantillas, para estar pendientes de que se cumpla la tasa de reposición. Parece que entre el personal laboral de los ayuntamientos existe mucha temporalidad". Cámara ha remarcado que en el Ayuntamiento de Burgos hay vacantes 18 plazas de bomberos, o 40 en la Policía Local (de una plantilla de 237).
Entre las preocupaciones de CSIF Burgos está la situación laboral de los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, con una temporalidad aproximada del 35%, y con picos de hasta el 70% en algunos centros o servicios concretos. Asimismo, se denuncia la proliferación de contrataciones a tercios de jornada, que están provocando "un sobre esfuerzo laboral insostenible".
En el caso del centro penitenciario de Burgos, CSIF denuncia la falta de personal, ya que de los 94 puestos de la plantilla de Interior sólo están ocupados 70, es decir, están vacantes un 30%. A esta circunstancia hay que sumar que una docena de los 70 son funcionarios en prácticas, y que hasta fin de año se prevé la jubilación o paso a segundas actividades de otros 10 trabajadores.
Por otra parte, CSIF ha pedido al Comité de Seguridad y Salud una evaluación de riesgos psico-sociales para los trabajadores de las oficinas de DNI, debido a la falta de personal y a la "terrible presión que están soportando, en un servicio colapsado, en el que no se están cubriendo las vacantes que se producen ni ofertándose en los concursos".
La presidenta provincial de CSIF Burgos considera que el acuerdo nacional alcanzado sobre la mejora y la oferta de empleo público aliviará la situación de los empleados públicos de la provincia, pero que habrá que estar muy pendientes de exigir su cumplimiento, "lo más rápidamente posible".
En Castilla y León, el reciente acuerdo de oferta de empleo permitirá generar más de 12.000 plazas vinculadas a la reducción de temporalidad, en tres años, que se sumarán a la tasa de reposición habitual. Además, hay que añadir otro número de plazas pertenecientes a servicios sociales, que todavía no están contabilizadas. Plazas que no suponen un incremento de puestos, sino estabilizar y fijar un empleo que ahora es temporal e interino, aclara Borra.
En las administraciones transferidas de Castilla y León, el porcentaje regional de interinidad está en el 17,1%, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 2016, recuerda CSIF. Las consejerías, departamentos y otros organismos autónomos cuentan con 1.155 interinos, un 5,8% de su personal (aunque hay servicios sociales concretos que alcanzan el 70% de interinidad); en sanidad 7.405 interinos, un 22%; o en educación no universitaria 7.127, un 23,2%.
Así lo ha explicado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que este miércoles ha asistido al consejo provincial de CSIF de Burgos, junto al presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernando, para informar de cómo se encuentran las negociaciones con el Gobierno sobre función y pública y empleados públicos.
En toda España, el acuerdo de oferta de empleo público supondrá crear más de 250.000 plazas "extras" en los principales sectores de sanidad, educación y justicia, a lo que hay que sumar las que se produzcan en los servicios sociales que atienden las autonomías. Siempre, sin tener en cuenta la tasa de reposición, que aumenta la oferta pública acordada hasta más de medio millón de plazas en España.