Así lo ha adelantado, la portavoz municipal Andrea Ballesteros que sostiene que la resolución judicial da la razón al Ayuntamiento ante el recurso del grupo socialista en el que se señalaba que la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones había reducido su ámbito de actuación a 2/3.
Al respecto, indica que la ordenanza que la regula se adapta a los criterios marcados por la legislación europea y que su amplitud responde a una cuestión política.
En este sentido, ha asegurado que con esta aprobación se buscaba "castigar" lo menos posible a los burgaleses, ante un proyecto de Zona de Bajas Emisiones de la legislatura anterior que era muy restrictivo para los ciudadanos.