El alcalde insiste en que los 700.000 euros de la Fundación VIII Centenario aún no se han entregado y que solo se hará si demuestran la repercusión en la ciudad

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, ha comparecido para explicar las informaciones publicadas sobre los 700.000 euros que el Ayuntamiento entrega a la Fundación VIII Centenario, "un expediente que no ha concluido".

Ha comenzado asegurando que se cuenta con toda la seguridad jurídica y ha aclarado por encima de todo que no es un convenio, es un contrato de patrocinio. Es precisamente esta distinción la que exime al Ayuntamiento a tener en cuenta las actividades realizadas y el único factor a valorar es la repercusión o impacto que las mismas han tenido en la ciudad de Burgos.

En este aspecto, el alcalde ha asegurado que desde marzo la Fundación ha tenido "la capacidad de adaptarse" y han derivado sus propios recursos con éxito. Por todo ello, De la Rosa está seguro de que el expediente "cuenta con toda la seguridad jurídica".

Desde alcaldía se considera que la Fundación VIII Centenario ha cumplido hasta la fecha, y sobradamente, con la repercusión favorable a la ciudad. Sin embargo, antes de entregar los 700.000 euros es habitual exigir un informe que lo demuestre. En esta línea, la medidora Kantar Media va a elaborar un escrito con los datos sobre el impacto económico que supone para Burgos. Sobre esto, ha explicado que aunque se acordara el 30 de diciembre se tiene en cuenta todo lo realizado en el año de la firma.

Según el concejal de Hacienda, David Jurado, este impacto ha sido en los primeros meses de 2020 de incluso millones, con lo cual ya se cumpliría con lo esperado y se justificaría la entrega del dinero por parte del Consistorio.

Para elaborar este informe tienen de plazo hasta el 30 de marzo, aunque creen que llegará en pocos días. Será entonces cuando convaliden la parte restante del contrato de patrocinio, es decir, el reconocimiento de la obligación y pago final. Hasta ahora han autorizado y adjudicado el gasto.

Eso sí, han asegurado que de no ver justificado el impacto hasta los 700.000 euros bajarán esta cuantía económica, aunque no lo ven probable tras ver las cifras de principios de año. Por el momento, no han pagado "ni un céntimo".

El hecho de que Intervención haya acudido al Tribunal de Cuentas no es más que el proceso habitual, ha explicado el alcalde de Burgos. "Lo extraño sería que no lo hiciesen".

Esto es porque siempre que se alude a la omisión de la fiscalización, Intervención exige más datos al respecto. Sin embargo, De la Rosa ha criticado que se hayan utilizado "sesgadamente" e "irresponsablemente" los informes de este órgano.

En este aspecto, la presidenta del IMC, Rosario Pérez-Pardo, se ha comprometido a garantizar mayor transparencia sobre este expediente, que sí "cuenta con garantía jurídica". La representante de Cs ha asegurado que de no ser por la Fundación VIII Centenario, el Ayuntamiento y el IMC no podrían haber llegado tan alto.

El máximo representante de la ciudad de Burgos ha querido hacer referencia a las comparecencias de algunos concejales del Ayuntamiento. No ha querido dar nombres, pero todo apunta a que se refiere a Carolina Blasco y Jorge Berzosa, ya que ha asegurado que dos ediles del grupo mayoritario de la oposición han actuado de manera irresponsable al interpretar el expediente filtrado, lastrando con ello un proyecto de ciudad como este.

De ellos ha comentado que deberían saber cómo se tramitan los contratos en el Ayuntamiento de Burgos, en los que sí se permite la omisión de la fase interventora porque el ejercicio presupuestario está en su fase final.

Ha lamentado que se esté echando "tinta de calamar" a un proyecto que ya han embarrado desde el PP.

Daniel de la Rosa también ha valorado que Izquierda Unida haya acudido a Fiscalía para denunciar por prevaricación a los miembros de la Junta de Gobierno Local. En esta línea, cree que no es más que una estrategia para hacerse notar en la ciudad, aunque de un modo que considera perjudicial para Burgos tras poner "en tela de juicio la honorabilidad de la Junta de Gobierno".

No solo considera que es lamentable cómo han actuado, también lo ha calificado como "denunciable", por lo que, en caso de creerlo necesario, acudirán judicialmente sobre este tema.