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El Ayuntamiento de Burgos pagará 700.000 euros a la Fundación VIII Centenario por actividades culturales no realizadas en 2020

El Ayuntamiento de Burgos pagará 700.000 euros a la Fundación VIII Centenario por actividades culturales no realizadas en 2020

Actualizado 04/02/2021 11:34
El contrato de patrocinio entre las partes se firmó el 30 de diciembre del año pasado y ha sido convalidado este jueves por la Junta de Gobierno Local del Consistorio en contra de varios informes de la Intervención, destacando el que pedía la paralización del expediente. Además, se advierte de que todo el expediente va a remitirlo al Tribunal de Cuentas, así como de las graves responsabilidades que pueden derivarse por lo realizado.

En el informe de fiscalización previo a la aprobación del gasto, la Intervención General Municipal hace constar una serie de reparos que de no subsanarse impiden continuar con el procedimiento. Destacan entre otros, que no se inició el expediente; que no se justificó la necesidad publicitaria; que no se conoce lo que va a ofrecerse publicitariamente por esos 700.000 ?. También dice ese informe que la Fundación puede estar encubriendo una subvención y que no se han justificado los requisitos excepcionales para llevar a cabo el contrato con un único licitador (es decir, porqué se ha utilizado el procedimiento negociado).

Respecto al plazo de ejecución del contrato de patrocinio, la cláusula 5 del mismo compromete los 700.000 euros, iva incluido para actividades culturales a desarrollar en 2020, y la cláusula 6 corrobora que esas actividades se ejecutarán ese mismo ejercicio anual. Por estas cláusulas citadas al firmarse el contrato el 30 de diciembre por la tarde, queda claro que los 700.000 euros se van a abonar por un sólo día de actividad, el último día del año, cuando en esa fecha la Fundación VIII Centenario de la Catedral 2021 no realizó ninguna actividad de patrocinio merecedora de tal elevada cantidad.

Pero donde la Intervención General presenta otro demoledor informe negativo es cuando con fecha 22 de enero del presente año señala lo siguiente:

  1. No tiene constancia de que se hayan cumplimentado y subsanado los reparos suspensivos apreciados en el informe de fiscalización previa.
  2. No se ha realizado la fiscalización previa relativa a la adjudicación del contrato en aspectos como solvencia, no tener deudas con la Administración o estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
  3. No se puede pagar la factura de los 700.000 euros hasta que no se resuelva la necesidad de contratación y la tramitación administrativa
  4. No consta que se hayan realizado las actividades y que estas se ajusten al precio de mercado.
  5. Pide que se identifique al responsable del encargo.
  6. Que se realice la valoración de las prestaciones.
  7. Que se justifique por qué no se han subsanado los errores
  8. Solicita un informe del Servicio Jurídico Municipal sobre la exigencia de responsabilidades.
  9. Quiere conocer por qué no se han enviado a esa Intervención General las distintas fases del expediente para así comprobar su legalidad.
  10. Advierte de que es una falta muy grave según la Ley de Transparencia que no se haya realizado la fiscalización del gasto.
  • No tiene constancia de que se hayan cumplimentado y subsanado los reparos suspensivos apreciados en el informe de fiscalización previa.
  • No se ha realizado la fiscalización previa relativa a la adjudicación del contrato en aspectos como solvencia, no tener deudas con la Administración o estar al corriente de pago con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
  • No se puede pagar la factura de los 700.000 euros hasta que no se resuelva la necesidad de contratación y la tramitación administrativa
  • No consta que se hayan realizado las actividades y que estas se ajusten al precio de mercado.
  • Pide que se identifique al responsable del encargo.
  • Que se realice la valoración de las prestaciones.
  • Que se justifique por qué no se han subsanado los errores
  • Solicita un informe del Servicio Jurídico Municipal sobre la exigencia de responsabilidades.
  • Quiere conocer por qué no se han enviado a esa Intervención General las distintas fases del expediente para así comprobar su legalidad.
  • Advierte de que es una falta muy grave según la Ley de Transparencia que no se haya realizado la fiscalización del gasto.
  • Y concluye:

    • Se enviará todo el expediente al Tribunal de Cuentas.
    • No se puede reconocer la factura, ni tramitar el pago hasta que no se resuelvan las omisiones.
  • Se enviará todo el expediente al Tribunal de Cuentas.
  • No se puede reconocer la factura, ni tramitar el pago hasta que no se resuelvan las omisiones.
  • Desde la fecha del 22 de enero de 2021 se paraliza el expediente, suspendiendo de forma automática todo lo aprobado al respecto por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2020, en sus aspectos económico-financieros.

    Por último, resulta curioso conocer que desde el Instituto Municipal de Cultura se dice ahora que no se han subsanado las deficiencias porque el expediente les llegó el pasado mes de enero cuando éste ya había sido aprobado con anterioridad por la Junta de Gobierno Local del 30 de diciembre de 2020.

    Pese a todo ello, la presidenta del IMC ha propuesto a la Junta de Gobierno de este jueves 4 de febrero que CONVALIDE TODO EL EXPEDIENTE APROBANDO EL GASTO Y LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO EL RECONOCIMIENTO DE LA FACTURA PARA SU PAGO, lo que así ha sucedido.

    Ya solamente queda esperar próximos acontecimientos, sin descartar los administrativos e incluso los judiciales.