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El Ayuntamiento de Villarcayo de MCV a través de su alcalde, Miguel de Lucio, ha anunciado que presentará a la Fiscalía, tras la finalización de la comisión de investigación del 'Campo de Aviación', un escrito en el que expondrá las conclusiones de la misma y pedirá que sean investigadas y depuradas las responsabilidades por las presuntas irregularidades en el "Campo de Aviación" durante el mandato de anteriores Equipos de Gobierno del PP, presididos por Mercedes Alzola.
El alcalde, ante la posibilidad de una hipotética moción de censura, y de que "a futuro seamos acusados de ocultar información sobre una posible irregularidad urbanística y administrativa", ha querido dar a conocer estos hechos, para no dilatar su investigación en el tiempo y que "nadie pudiera entender su denuncia posterior como una represalia".
Se trata del mayor proyecto inmobiliario de la Comarca que fue impulsado en los años del gobierno del Partido Popular durante la burbuja urbanística. Se iba a tratar de una gran urbanización de cerca de 630 parcelas destinadas a viviendas unifamiliares de las cuales solo se han ejecutado unas 50.
Esta urbanización se diseñó en tres fases y a día de hoy faltarían una serie de obras básicas para terminar la urbanización que estarían calculadas en torno a 750.000 euros correspondientes a las dos primeras fases, que pese a no estar concluidas por la promotora y existir muchas dudas en torno a su independencia funcional, fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en las sesiones de la Junta de Gobierno del 2 de diciembre de 2009 y 26 de agosto de 2010 respectivamente, "supuestamente, en base a una interpretación sesgada de los informes técnicos y sin las debidas garantías por parte de la promotora". Al inicio del proyecto se depositó un aval de 394.468 euros por parte de los promotores según consta en la actual corporación. Esta cantidad es estimada por el Equipo de Gobierno actual como "insuficiente" y no se comprende como "la Junta de Gobierno aceptó un simple papel de la promotora como garantía de buena voluntad para la finalización de las obras sin garantías económicas adicionales".
Concretamente se trata de finalizar la instalación del alumbrado público, completar aceras y viales, y adecuación de las zonas verdes, que de momento son una escombrera. Desde que se produjo el cambio político en Villarcayo se comenzó a examinar a fondo la gestión del proyecto a través de una Comisión de Investigación cuya creación se acordó por el Pleno municipal.
Acometer las obras pendientes en las dos primeras fases por parte del Ayuntamiento, y a las que estaría obligado en base a la recepción efectuada en la anterior legislatura, supondría un desembolso económico de unos 500.000 euros, muy difícil de asumir por parte de las arcas municipales, en detrimento de otras inversiones prioritarias. Anular esos acuerdos de recepción parcial de la urbanización supondría un perjuicio mayor que el que se ocasiona con las obras pendientes, dado que algunas viviendas ya están ocupadas y en ellas no se están prestando los servicios mínimos que exige la ley.
Asimismo, existirían otra serie de circunstancias que agravarían los indicios de posibles anomalías en torno a la tramitación urbanística. En primer lugar la intención reconocida de la exalcaldesa, Mercedes Alzola, en un Pleno de intentar cobrar el aval para cubrir el importe de los recibos correspondientes al IBI de las parcelas de la promotora en la urbanización, lo cual suscita en el Gobierno actual numerosas dudas sobre su legalidad.
Aprovecharon también a denunciar públicamente que "la zona verde principal proyectada en la segunda fase a día de hoy se ha convertido en un agujero donde se acumulan escombros". La corporación actual ha solicitado una inspección al SEPRONA y obligar a colocar carteles para impedir el paso ante el evidente riesgo para la salubridad.