El Ayuntamiento pide a la Junta que garantice la supervivencia de la OMIC en Burgos
Además, el Ayuntamiento de la ciudad instó al Ejecutivo Regional la obligación de acometer medidas urgentes de carácter legal y económico para asegurar la defensa de los Consumidores en la Región, así como la existencia de las Oficinas de Información al Consumidor en toda la Comunidad. La falta de concreción legal de las competencias en materia de protección al consumidor, y la falta de ayudas económicas a los Ayuntamientos, supuso el cierre de las OMICs de Palencia y Valladolid en enero y noviembre de 2020.
El pasado septiembre, la Dirección General de Consumo de Castilla y León, comunicó su compromiso de:
- Impulsar la reforma legal propuesta por el Ayuntamiento de Burgos
- Aprobar una línea de subvenciones dirigida a los Ayuntamientos de Castilla y León para cofinanciar el sostenimiento de las OMICs de la Región, a los efectos de que pudiera ser realidad en 2022.
Sin embargo, la Dirección General de Comercio y Consumo comunica que la línea de subvención dirigida a los Ayuntamientos, a la que se comprometió no va a ser posible para 2022 por las necesidades actuales de gasto derivadas del Covid.
La concejala de Consumo, Lola Ovejero ha resaltado la necesidad de que la Junta de Castilla y León se implique aportando recursos económicos para que sigan manteniéndose los servicios de la Oficina al Consumidor cuyo gasto se cifra aproximadamente en 250.000 euros.