El comité de la empresa de la Fundación CISA advierte de situación crítica y solicita la intervención de las administraciones

La mayoría sindical formada por los sindicatos UGT y USO en el comité de empresa de la Fundación CISA quiere advertir a la sociedad burgalesa, a la Junta de Castilla y León y al Protectorado Único de Fundaciones de ámbito estatal que la situación de la empresa es extremadamente preocupante, además de que se debe la paga extraordinaria del mes de Junio a toda la plantilla. Otras empresas vinculadas, como la Fundación Aspanias Burgos o la Asociación Aspanias, también deben una nómina a sus trabajadores. La situación económica de la Fundación CISA resulta cada vez más grave, con una deuda que oscila entre 3,5 millones según los representantes de la empresa y de 7 millones según la agrupación de familias "Aspanias Cambia".

La empresa, al igual que Fundación Aspanias y Asociación Aspanias, ha incumplido las propuestas de acuerdo en el pago de nóminas que les ofrecieron desde los comités de empresa, y además pretendía que se retiraran las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo. Pese a asegurar en un primer momento que con cierto margen de tiempo se pagarían tanto la paga extraordinaria como la nómina, finalmente la empresa ha trasladado que no puede hacer frente a esas pagas este mes. Cabe resaltar que la Inspección de Trabajo ya ha apercibido a la empresa en anteriores ocasiones por su mala gestión del pago de salarios, por lo que este nuevo incumplimiento podría acarrear otro tipo de consecuencias.

A día de hoy dicho comité, al igual que el resto de trabajadores de Fundación CISA, Fundación ASPANIAS y Asociación Aspanias, sigue sin saber cuándo y cómo se percibirá la nómina pendiente.

Por otro lado, se está produciendo una progresiva pérdida de clientes del centro especial de empleo de la Fundación CISA. Según dicen "muchos de ellos se han podido perder al no dar respuesta a sus necesidades por falta de recursos". De ahí la insistencia del comité en recuperar a más trabajadores que aún se encuentran en situación de ERTE, con el fin de dar un servicio adecuado y no poner en riesgo más líneas de negocio.

Prosiguen que "por ello entendemos que la Junta de Castilla y León (especialmente la Consejería de Empleo e Industria) pero también el Protectorado Único de Fundaciones de ámbito estatal deben intervenir y colocarse al frente de la entidad, poniendo orden en este caos del que los presidentes y patronos no saben salir.Además, los representantes de la empresa se niegan a realizar una auditoría de gestión externa e independiente, lo que les hace cómplices de la gestión de José María Ibáñez, y continúan con las mismas prácticas que nos han traído hasta aquí".

Finalizan diciendo que "están en riesgo 300 puestos de trabajo, la gran mayoría de personas con discapacidad. No se puede permitir que la Fundación CISA quiebre por una gestión opaca y personalista y suceda toda una catástrofe social en Burgos.Desde el comité de empresa tomaremos todas las medidas necesarias para intentar evitar que esto ocurra,mucho más allá de acudir ala Inspección de Trabajo".