El Gobierno envía un requerimiento a Castilla y León para que no aplique medidas contra el aborto

El Ministerio de Sanidad ha solicitado en un comunicado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla y León que cumpla con los siguientes puntos:

• Que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Método Farmacológico).

• Que, en caso de haber sido esta ya adoptada, el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.

• También se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas.

• Además, que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

• El Ministerio de Sanidad avisa al Gobierno de Castilla y León, con implementar "actuaciones jurídicas adicionales" en el caso de no obedecer "íntegra e inmediatamente" el requerimiento, ya que considera que estas medidas "pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico.

• También, amenaza con emprender a su vez "acciones legales", "dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma".

Según señala el comunicado, hasta tres departamentos del Gobierno están detrás de este movimiento: los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia.