Se hacía por aprobación del rey y eran investidos legalmente de la fe pública. Así aparecen estos nombramientos en el Fuero Real y en Las Partidas. Pero, dados los abusos que se cometían en estos nombramientos por parte de los concejos y de los señores, Alfonso XI reservó esta facultad para sí, lo que se consagró para Burgos en el Ordenamiento de 1345.