El Nuevo Convenio de la Variante Ferroviaria no se ajustaría a Derecho
1.- El Convenio firmado el 16 de mayo de 2014 entre el Consorcio y el Ayuntamiento de Burgos carecería de legitimación jurídica, ya que fue firmado con las Fundaciones de Caja de Burgos y del Circulo y no con Caixabank e Ibercaja que son los que ahora reclaman el dinero. Dicho Convenio tendría sólo vinculación entre los integrantes del Consorcio y nunca frente a terceros, como es el caso de Caixabank e Ibercaja.
Además según dicho Convenio en marzo de este año se tendría que haber procedido ya a la disolución ordenada del mismo, puesto que no se ha podido responder de las obligaciones económicas a las que, según reitera la oposición, se comprometió el Alcalde Lacalle, en lo que ha venido en denominarse 'patada hacia adelante" y que realmente firmó porque quería ganar tiempo, aparcando el problema, ante las Elecciones Municipales de 2015, a las que se presentó.
2.- En el estudio realizado por una Consultora para valorar el precio de mercado de los terrenos propiedad del Consorcio y que ha servido como base para fijar las cantidades a pagar y los plazos se dice que no será hasta dentro de ocho años cuando se empiecen a urbanizar las nuevas áreas de actuación urbanística (como por ejemplo el S-27 o Ciudad del AVE), lo que va totalmente en contra de lo que exige el actual Plan General de Ordenación Urbana, ya que este PGOU ordenaba que dichos sectores urbanísticos tenían que haberse desarrollado ya desde hace unos cuantos años, algo que no ha sucedido y que con este nuevo Convenio se retrasarían aún más, incumpliendo el Plan General.
3.- De firmarse este Nuevo Convenio, se estaría modificando soterradamente algún artículo de los Estatutos fundacionales del Consorcio en los que queda claro que ninguna de las partes sin la aprobación de las otras puede llevar a cabo dichas modificaciones por temor a que una de ellas lo hace en beneficio propio. Es el caso de lo relativo a la cláusula 4, apartado a) que señala: 'El importe de las obligaciones que exija el cierre del Convenio de colaboración, suscrito el 13 de enero de 1998, entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Ayuntamiento de Burgos y la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (hoy ADIF), para la construcción de la Variante Ferrroviaria de Burgos al menos hasta la integra amortización de los Contratos Financieros', que el Ayuntamiento asume como obligación derivada de la deuda, lo que quiere decir que ya no es el Consorcio el que pagaría lo que reclame, en su día Fomento como sobrecoste del Desvío, sino que es ahora el Ayuntamiento de Burgos el que deberá responder de esa deuda, cifrada por algunas fuentes en más de 125 millones de euros y no confirmada aún desde el Ministerio que preside Ana Pastor.
4.- Resulta también perjudicial para los intereses de terceros frente a las Entidades Financieras que 'toda la deuda que mantenga ahora y en un futuro el Consorcio frente al Ayuntamiento de Burgos tendrá la consideración de subordinada", es decir, que los bancos serán los primeros en cobrar frente a otros, como por ejemplo el Ministerio de Fomento, algo que seguro éste no consentirá, ya que debería esperar al menos otros quince años antes de ver resarcidas las cantidades que ha venido adelantando para el Desvío Ferroviario desde 1998.
5.- Y dejamos para el final, lo que muchos consideran más importante y es que, como se aprobó en Pleno Municipal, se realizarían, cosa que no ha sucedido, informes por alguna Consultora de reconocido prestigio y de fuera de Burgos para ver si juridicamente existe, como pueden indicar los Estatutos Fundacionales, co-responsabilidad entre todos los integrantes (Ayuntamiento, Caja de Burgos y Caja del Círculo) a la hora de afrontar esta grave situación económica y financiera que atraviesa dicho Consorcio de la Variante Ferroviaria de Burgos y que es esa responsabilidad financiera no sea exclusiva del Ayuntamiento burgalés.