El PCAS rechaza reestructurar la deuda de los Consorcios cargándola exclusivamente al Ayuntamiento
Los castellanistas sostienen que es inviable cargar sobre las cuentas municipales la deuda de los Consorcios del Desvío y Villalonquéjar IV, por mucho que se dilaten los pagos, y que es imprescindible buscar una solución que parta de dividir activos y deuda de ambos Consorcios entre todos los integrantes de los Consorcios, incluídas las entidades bancarias acreedoras.
La deuda del Consorcio del Desvío del Ferrocarril a CaixaBank, Ibercaja y Dexia Sabadell supone 167 millones de euros, con una valoración de activos, presumiblemente irreal, de 119 millones de euros. Mientras que la deuda del Consorcio de Villalonquéjar IV a CaixaBank y al Instituto de Crédito Oficial (ICO) suma 112 millones de euros, con unos activos en suelo industrial de 70 millones de euros, que nadie adquirirá a ese precio.
El PCAS insiste en la declaración de lesividad de los acuerdos municipales que ratificaron la creación de ambos consorcios y sus modificaciones posteriores, negociando con las entidades bancarias acreedoras el reparto de su Deuda y de sus Activos. Cualquier otra opción es un mero engaño a los vecinos de Burgos, ya que implicará pagar durante 20 años, unos seis millones de euros anuales, de capital e intereses, sin garantía alguna de que los activos de suelo residencial e industrial puedan ser enajenados al precio tasado, con lo que la deuda seguirá vigente, quizás otros veinte años adicionales. Los castellanistas dudan de la legalidad de todo el proceso y advierten de decenas de irregularidades en todo el proceso, entre las que destacan que sean las entidades acreedoras quienes valoraron libremente los activos iniciales de los Consorcios, y que ahora deben también asumir su parte de responsabilidad. También el PCAS critica la probablemente fraudulenta sucesión de las Cajas de Ahorros en los Consorcios por Fundaciones sin capacidad financiera real.
Finalmente, los castellanistas reclaman responsabilidades políticas a los integrantes del PSOE y del PP que formalizaron los Consorcios hipotecando el futuro económico de la ciudad, con claúsulas abusivas, al tiempo que manifiestan su oposición a los grupos que ahora pretendan firmar en nombre de la ciudad unos acuerdos de reestructuración de la deuda que solo benefician a los bancos y perjudican a los vecinos.
El Partido Castellano considera que por mucho que intenten asustar a los burgaleses los bancos acreedores, con llevar la solución al conflicto a los Tribunales, una solución judicial no puede ser peor para el Ayuntamiento que el alevoso atraco a las arcas municipales que ahora pretenden, contando con la complicidad del PP y del PSOE, al tiempo que una actuación judicial abierta permitirá conocer todas las oscuras artimañas que se esconden en las actuaciones de banqueros, constructores y políticos en la gestión de ambos.