Como ha explicado el procurador arandino Máximo López, esta deducción, la cual se une a las 51 ya existentes en Castilla y León, tiene el objetivo de potenciar la transición hacia la no utilización de combustible fósiles.
Hasta este año existían 7.917 vehículos no propulsados por energías fósiles de un total de 1.800.000 vehículos que componen el parque automovilístico de la comunidad, lo que supone solo el 0.44%.
López ha hecho especial hincapié en que se trata de una iniciativa sensata en contraposición al anuncio de Gobierno Central de acabar con la venta de vehículos propulsados por combustible fósil a partir del año 2040.
El procurador popular ha destacado el riesgo que supone este anuncio en una comunidad como Castilla y León, donde el sector del automóvil tiene un gran peso, así como otros sectores vinculados.
En el caso de Burgos, se quiere potenciar que crezca el uso de vehículos potenciados por "energías limpias". La provincia cuenta con 173.155 vehículos con más de 10 años de los cuáles y 1262 son no propulsados, siendo 1005 híbridos y 93 eléctricos y el restante por energías de carácter experimental.