El PP presenta un recurso de reposición para declarar la nulidad del contrato de Zonas de Bajas Emisiones
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, ha presentado un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno, en relación con el contrato que pretende la licitación de las obras a realizar para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones en la ciudad de Burgos por valor de 3'5 millones de euros, según ha adelantado la portavoz del Grupo Popular, Carolina Blasco.
Blasco ha señalado que con este escrito se pretende por una parte, denunciar ante el órgano competente la infracción del Plan de Prevención, detección, corrección y persecución del fraude en el Ayuntamiento de Burgos por la gestión de los Fondos Europeos. Además, van a solicitar la nulidad del procedimiento de contratación de las obras de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones para el control del tráfico.
Este contrato de obra, según Blasco, conlleva un total hermetismo y oscurantismo por parte del Equipo de Gobierno que no ha explicado nada del proyecto, ni de los gastos, ni de su desarrollo, ni los Fondos Europeos con los que se trata de darle cobertura.
RECURSO
Blasco ha recordado que el PP solicitó un Pleno monográfico sobre este asunto del que nada se sabe, antes de añadir que con esta decisión del Equipo de Gobierno se suplanta a los burgaleses en la decisión de cómo articular las Zona de Bajas Emisiones porque debiera haber sido una ordenanza, con la participación de todos los representantes de los burgaleses, la que hubiera decidido el modelo y la delimitación de las Zonas de Bajas Emisiones.
Sin embargo, denuncia Blasco, han empezado la casa por el tejado y sólo se han limitado a comprar aparatos con la línea de subvenciones del Gobierno.
La portavoz popular ha detallado los motivos por los que el PP presenta el recurso basado sobre todo en la falta de documentación básica que debe acompañar a todo proyecto de obra, además de poner en riesgo la salud de los trabajadores y prescindir de las obligación de la gestión de los residuos de cualquier obra que tienen que adoptar todas las administraciones del sector público y también en el ámbito privado.
Blasco sostiene que todas estas carencias podrían ahuyentar a los licitadores y ha señalado que desde 1997 la ley obliga a que todas las obras tengan un estudio de Salud y Seguridad de los trabajadores, algo que en este proyecto no existe.
Además, ha recordado que desde 2008, existe obligación de presentar un estudio de gestión de residuos que el Ayuntamiento no ha presentado, lo que genera dudas al PP sobre si han existido consultas o conversaciones con posibles licitadores que les pone en situación de preferencia.
Por todo ello, y antes estas irregularidades, el PP va a presentar este recurso de reposición para declarar la nulidad del procedimiento de contratación y paralizarlo.
Asimismo, ha recordado que no han podido presentar un recurso especial de contratación porque el proyecto sin IVA no llega a los tres millones de euros, algo que Blasco indica que el Equipo de Gobierno ha hecho de forma deliberada.