La concejala Sonia Rodríguez manifiesta que altera los principios de progresividad y la hace injusta y no equitativa. Asimismo, asevera que el PSOE está a favor de bonificar a las familias numerosas, como así las contemplaba la Ordenanza Fiscal existente en el anterior mandato, aunque únicamente a las familias que lo necesiten.
Sonia RodríguezSegún ha explicado, la actual ordenanza establece un límite razonable que se corresponde con los límites establecidos en otras ayudas, como es un 5,5 veces el IPREM. El Partido Socialista exige que se mantenga dicho límite y no se opone a que se puedan cambiar las cifras, pero que vaya dirigido a las familias que lo necesiten. A este respecto, la ordenanza vigente establecía una bonificación entre el número de hijos, que diferenciaba entre familias generales (tres o cuatro hijos) y especiales (a partir de cinco hijos). Rodríguez asegura que no la apoyarán en ningún caso si no se establecen unos límites de acceso a esa bonificación.
RodríguezLa pérdida que tendrá que afrontar el Ayuntamiento de Burgos en caso de aplicar esa bonificación indiscriminadamente es de 837.000 euros, "una cantidad nada desdeñable que tendrá que explicar el Equipo de Gobierno cómo la va a compensar", ha señalado la edil. Además, destaca que con esta ordenanza será posible que familias con ingresos superiores a los 100.000 euros puedan obtener una bonificación del 90% del IBI, que es la máxima permitida por la Ley.
Sonia Rodríguez asevera que el Equipo de Gobierno intentará justificar que hay una progresividad en la propuesta, al igual que ocurrió con la eliminación de la tarifa de autobús para los mayores de 65 años. En este sentido, dentro de la Ordenanza se establece una categoría donde las viviendas con valor catastral hasta los 204.000 euros pueden obtener una bonificación del 90% del IBI, mientras que las viviendas con valor superior a los 408.000 euros van a tener una bonificación del 10% en el caso de familia general y 30% en el caso de familia especial.
Sonia RodríguezLa concejala ha indicado que se trata de un "atentado contra los principios de progresividad y justicia que tiene que haber en la Política Fiscal".