COVID-19 Burgos: El PSOE quiere investigar la dura realidad vivida en las residencias de Burgos y Castilla y León

La procuradora socialista por Burgos, Noelia Frutos, junto a la coordinadora del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Cortes, Nuria Rubio, ha vuelto a insistir en la falta de transparencia para explicar o investigar lo sucedido en las residencias de ancianos en toda la Comunidad.

El pasado dos de diciembre propusieron una comisión de investigación sobre este asunto y denuncian que PP y Cs les negaran la oportunidad con su voto en contra. Rubio se pregunta dónde está el partido que llegaba al poder para regenerar la política.

Las cifras que da Frutos no les dan lugar a dudas sobre la mala gestión en estos centros durante la pandemia. Desde el 14 de marzo la Junta cifra un total de 1.351 personas fallecidas por cualquier causa en residencias, 327 con COVID confirmado y 109 con síntomas compatibles, personas que no han sido "protegidas por el Gobierno de Castilla y León".

Por todo ello, creen que es "imprescindible" conocer en profundidad qué sucedió, cuántas inspecciones hicieron antes, durante y después de la primera ola, o si hubo visitas presenciales de los equipos COVID. También en centros privados y es que en Castilla y León hay 1.214 residencias y únicamente 25 están gestionadas por Servicios Sociales

Hasta ahora lo único que dicen conocer es la orden de no trasladar a los ancianos a centros hospitalarios, pero desconocen si tampoco les visitaron estos equipos.

Sobre este mismo asunto ha mostrado interés el procurador del Común, que en su informe recoge el acceso denegado a Urgencias y hospitales de los ancianos residentes. Pero que también incluye a las personas que fallecieron sin diagnósticos, deshidratadas y sin cuidados paliativos. Hay testimonios duros, como aquellos que manifestaron querer morir y dejaron de tomar la medicación.

La Comisión Europea ha anunciado además que va a investigar lo sucedido en los centros residenciales de la Comunidad. Sin embargo, con todos estos datos sobre la mesa solo ha habido 10 expedientes sancionadores en toda Castilla y León y para el PSOE está claro que el modelo "ha hecho aguas" y hay que cambiarlo de forma rápida y eficaz.