El TSJ de Castilla y León solicita a los Juzgados de Registro Civil los datos sobre fallecimientos certificados de marzo y abril

El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción Rodríguez, ha acordado, en ejercicio de las facultades de inspección que le corresponden, solicitar a los Juzgados de Registro Civil de los partidos judiciales de Castilla y León todos los datos sobre fallecimientos certificados durante los meses de marzo y abril del presente año, así como los de 2018 y 2019.

Este requerimiento nace por el aumento del área de Registro Civil, en lo que se refiere a recepción de las certificaciones médicas de fallecimiento y expedición de las licencias o autorizaciones de enterramiento.

En los primeros días tras la declaración del estado de alarma las dificultades se centraban en la tramitación de las licencias (por la falta de referencia específica en muchos casos a la patología o infección producida por el Coronavirus COVID en las certificaciones médicas de defunción expedidas, que aludían a los procesos o infecciones respiratorias o neumonías o sospechas de esa infección).

Asimismo, se impedía o dificultaba la aplicación de los protocolos previstos por la normativa sanitaria o de policía mortuoria sobre inhumación de los cuerpos en casos por ejemplo de infecciones infecciosas antes del plazo ordinario de 24 horas del artículo 83 de la Ley del Registro Civil, plazo del que se dispensa en el artículo 87 de la citada Ley en los casos de epidemia y fundado temor de contagio y ante la acumulación de cuerpos en los cementerios y tanatorios municipales con los consiguientes riesgos derivados de ello.

Las informaciones recabadas de los responsables del Instituto de Medicina Legal pusieron de manifiesto el origen de este problema, producido por aumento significativo de la mortalidad desde un primer momento, aunque no siempre aparecía referenciado a la infección por el Virus, debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien todos los indicios y síntomas de las patologías apuntaban a dicha infección como causa de la misma.

Tampoco era posible la intervención de los Médicos Forenses y autoridades judiciales de los órganos penales (Juzgados de Instrucción) en los levantamientos de cadáver dada la inexistencia de supuestos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad que justificasen la realización de la autopsia y el riesgo grave de la misma que hacían obligado en estos casos prescindir de ella.

Por este motivo, en aplicación de las funciones inspectoras de la Presidencia sobre los Registros Civiles del Tribunal Superior de Justicia, solicita información sobre el número de las licencias de enterramiento expedidas durante los meses de marzo y de abril, y diferenciando los supuestos de licencias expedidas en los que se concluyera la causa de la muerte por Covid-19 de aquellos en que se consignase como probable o sospechosa.

Con el fin de acotar o identificar dichos datos considerarán como supuestos sospechosos aquellos en los que fuera probable el contagio de COVID y también aquellos en los que concurrieran patologías o causas relacionadas con el virus como infección o fracaso respiratorio o pulmonar o neumonías.

De igual modo y para asegurar dichas conclusiones, quiere conocer la comparativa con los datos de licencias y defunciones de dichos meses ?marzo y abril- en los dos años anteriores, por lo que tendrán que adjuntarlo en el informe que se remita.