El voto de calidad del alcalde permite aprobar la refinanciación de la deuda del Consorcio del Desvío
El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha aprobado con el voto de calidad del alcalde el convenio para la refinanciación de la deuda del Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria, tal y como adelantó el digital BurgosNoticias.com.
Este acuerdo ha contado con los 9 votos a favor de los concejales del PP, 9 en contra, correspondientes a los ediles de Ciudadanos e Imagina y 9 abstenciones de los dos concejales no adscritos, Silvia Álvarez de Eulate y Fernando Gómez, más los siete ediles del PSOE, que finalmente y tras deliberar su posición en la reunión de ayer han decidido abstenerse.
De esta forma, y ante el empate entre síes y noes ha sido necesario hacer uso del voto de calidad del alcalde en una segunda votación para sacar adelante el convenio.
El concejal del equipo de Gobierno, Salvador de Foronda ha puesto en valor la aprobación de este convenio y ha apelado a la responsabilidad del voto para favorecer la defensa y los intereses del Ayuntamiento. Ha vaticinado que el Consistorio hubiera tenido pocas posibilidades de éxito en caso de haber acudido a los tribunales para enfrentarse con las entidades acreedoras de la deuda del desvío (IberCaja, Caixabank y Dexia) que asciende a 167 millones de euros.
Por su parte, tanto Imagina como Ciudadanos han expresado su posición contraria a la refinanciación de la deuda. La formación multicolor, por boca de Raúl Salinero ha acusado al PP de no querer asumir su responsabilidad para cargar su mala gestión sobre los hombros de los ciudadanos, al tiempo que ha calificado la actitud del alcalde, Javier Lacalle como de "entreguista" a los bancos. Ha añadido que este convenio es similar al que el Pleno rechazó en el mes de julio.
En esta misma línea se ha pronunciado, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Gloria Bañeres que ha lamentado la oportunidad perdida por los grupos políticos para hacer frente común ante el Ayuntamiento y ha lamentado que el Consejo Rector no sometiera a votación su propuesta de hacer frente a la deuda a partes iguales por los diferentes entes consorciados. Además ha añadido que esta reestructuración de la deuda va a suponer alargar la agonía para el Ayuntamiento.
Por su parte, los dos concejales no adscritos Silvia Álvarez de Eulate y Fernando Gómez se han abstenido. La primera considera que no aprobar este convenio sería perjudicial para la ciudad y ha indicado que el informe del abogado Jiménez Blanco arroja conclusiones muy negativas para el Ayuntamiento.
Por su parte, el concejal no adscrito, Fernando Gómez que ayer anunció que se iba a abstener, ha reiterado que ante la gravedad de este tema hubiera sido necesario un mayor consenso por parte de todos los grupos políticos, y a pesar de que ha alabado el trabajo realizado por Salvador de Foronda, el convenio firmado con los Bancos se debería de haber planteado de otra manera.
Abstención del PSOE
El grupo socialista que hasta última hora ha mantenido el sentido de su voto, finalmente se ha abstenido. En este sentido, su portavoz municipal, Daniel de la Rosa ha justificado la abstención de su grupo por "responsabilidad" ya que de lo contrario el Ayuntamiento podría entrar en una probable situación de vulnerabilidad.
Además ha indicado que la actual situación del Consorcio es culpa del alcalde, Javier Lacalle cuando en 2014 se comprometió con las Cajas a pagar una deuda que no se podía sufragar, o de lo contrario disolvía el Consorcio.
En esta línea se ha expresado el concejal socialista, Antonio Fernández Santos que ha remarcado que el informe jurídico del abogado Jiménez Blanco refleja que toda la deuda debe asumirla el Ayuntamiento y que el riesgo de disolución del Consorcio es evidente. Además, votar en contra, dice Santos, supondría que la deuda municipal pasaría de 80 millones de euros a 250, lo que implicaría a que el Ayuntamiento podría ser intervenido y se paralizarían por completo las inversiones durante varios años.
La aprobación del convenio de refinanciación de la deuda del Consorcio del Desvío supone que el Ayuntamiento deberá abonar 167 millones de euros a las entidades acreedores, a razón de 3,6 millones anuales durante 15 años, denominada deuda no sostenible, mientras que los 117 millones de euros, llamada deuda sostenible se sufragarían con la venta de suelo.