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El operativo, que incluía un transporte adaptado para las necesidades de las religiosas, no pudo completarse debido a la firme oposición de las monjas cismáticas, quienes se negaron a entregar las llaves y calificaron la acción como un "secuestro" y un "abuso de autoridad". Según fuentes judiciales, tres de las monjas mayores expresaron su deseo de permanecer en Orduña, mientras que las otras dos, por su delicado estado de salud, no pudieron manifestarse claramente.

El Arzobispado de Burgos, que gestiona los monasterios tras la excomunión de la mayoría de la comunidad en mayo, defiende que la medida busca proteger el bienestar de las monjas mayores y separarlas del conflicto interno que atraviesa la congregación.

Por su parte, las monjas cismáticas insisten en que la voluntad de las religiosas debe ser respetada y rechazan la intervención externa en la comunidad.