Garoña y la energía nuclear, “el chantaje al Gobierno”
En la actualidad Garoña está desconectada de la Red Eléctrica desde el 16 de diciembre de 2012. Pero en mayo de 2014 Nuclenor (Iberdrola y Endesa), solicitaba al Ministerio de Industria la ampliación de la vida útil de la central hasta el año 2.031, con lo que llegaría a 60 años de vida útil.
"Lo que se pretende, más allá de la reapertura de una Central Nuclear, que aporta una pequeña cantidad de energía al mix eléctrico, es abrir la puerta al aumento hasta los 60 años (de momento) de la vida útil de las centrales (recordar que la licencia de explotación de Almaraz I y II expira en 2020); manteniendo así un modelo energético basado en energías peligrosas y no renovables como es la energía nuclear", señalan desde la formación al tiempo que afirman que este es un modelo que defiende el PP, "pero que ha contado con otros actores principales como el PSOE, que paradójicamente dice ahora reafirmar su compromiso sobre el cierre de Garoña, mientras que cuando pudo haberlo hecho no lo realizó".
Desde IU señalan que la política energética de este país, "está diseñada a medida de los intereses de la industria privada y de los grandes lobbys", y nace de los sillones de los consejos de administración de las grandes empresas, "donde se sientan personas del PP y del PSOE, como Felipe González, José María Aznar, Elena Salgado, Manuel Pizarro, Josep Borrell", que en su día ocuparon altos cargos en la Administración Pública, y "que algo tienen que ver con la privatización del sector eléctrico".
Diga lo que diga el CSN, indican desde el partido, la decisión de reabrir Garoña le corresponde al Gobierno. Y una decisión en la línea de mantener esta Central "sería una irresponsabilidad desde el punto de vista ecológico, económico, social y también democrático", ya que el actual partido en el Gobierno "no tiene la legitimidad para adoptar una decisión como esta, en contra de la mayoría social".
Con un informe que permita la apertura de Garoña, "nos podemos encontrar en una situación como la que se produjo en el caso del Plan Castor", aseguran desde IU, "ya que si no se pone en funcionamiento, la empresa Nuclenor puede exigir al Estado una cantidad millonaria como lucro cesante".