Imagina alerta de que intereses económicos y la falta de voluntad política pueden impedir la liberalización de la AP-1

Hace unos meses, representantes del PP y del PSOE llegaban al acuerdo de no prorrogar más allá de la fecha límite, la concesión de la AP-1; fijan en noviembre de 2018, la fecha de fin de la concesión. "Pero en muchas ocasiones, por la dinámica del propio sistema económico y por los vaivenes políticos de turno, este tipo de acuerdos quedan en papel mojado", indican desde la formación.

Ya lo expresó este grupo político y alertó de ello en diciembre en el Pleno que rechazó una moción de Imagina reclamando peaje cero. Se activan todas las alarmas cuando a finales de 2013, el Gobierno anunciaba que ofrecerá las autopistas más rentables a las concesionarias quebradas por las radiales de Madrid. Esa noticia dejaba casi sin efecto cualquier acuerdo alcanzado antes.

La ministra de Fomento aprovechará el fin de las mejores concesiones de la red de peaje hasta 2021 para volver a licitarlas junto a las radiales ruinosas y compensar así a las empresas, que no es otra cosa que crear un 'banco malo' de las autopistas.

Para ello, varias empresas que explotan autopistas en el norte de España ya han unido fuerzas para crear un grupo de gestión. Itínere Infraestructuras es uno de los principales gestores españoles de vías de comunicación. Actualmente tiene 6 concesiones de autopistas, todas ellas en explotación, distribuidas en el norte de España que suman un total de 609,1 kms. Son las siguientes Audasa; AP-1 Europistas; Aucalsa - AP66; Audenasa; Autoestradas de Galicia AG-55; Autoestradas de Galicia AG-57 y Acega.

Una urgencia

"Es urgente tomar una decisión en relación a este tramo, por cuya situación estratégica supone un tránsito medio de 9.500 vehículos al día de los que casi el 50 % son de gran tonelaje. Eso supone que cada minuto, en cada carril de marcha, transita uno cada 330 metros; y al menos uno de ellos es un camión", señalan desde Imagina Burgos.

Y liberalizar la AP-1 es "sólo cuestión de voluntad política e intereses económicos". De hecho, por ese tipo de intereses, un Consejo de Ministros del PSOE en 2005 aprobó la liberalización del tramo de la autopista AP-1 entre Ameyugo y Armiñón de modo que esos 18 kilómetros funcionen como variante de la N-I a su paso por Miranda de Ebro.

"Tanta culpa tiene el PSOE como el PP. El partido de Mariano Rajoy y Juan Vicente Herrera se han negado sistemáticamente a negociar la firma de un convenio similar al que se ha firmado en otras comunidades autónomas para prohibir el tráfico pesado por la N-I y derivarlo a la autopista de peaje hasta el fin de la concesión", apostillan.

Imagina Burgos llevó en diciembre de 2015 una moción al Pleno de la Diputación en este sentido. En ella se instaba al Ministerio de Fomento del Gobierno de España y a la Junta de Castilla y León a que llegaran a un acuerdo para que entre las dos administraciones bonificaran el cien por cien del coste del peaje de la AP-1 para vehículos pesados, en tanto en cuanto durara la concesión. El voto negativo, una vez más, del PP tumbó la propuesta.

Sin accesos

"La sospecha de que la AP-1 va a tener una vida muy larga se sostiene que la ausencia de proyectos para establecer más salidas a los pueblos desde la autopista. En la actualidad, sólo tienen salida Castañares, Rubena, Briviesca, Pancorbo, Ameyugo y Miranda", recalcan.

La Plataforma de la N-I se ha expresado en reiteradas ocasiones que es necesario habilitar otras cuatro salidas más: Monasterio de Rodilla; Castil de Peones, que permita conectar con l N-120 en Villafranca Montes de Oca; en el polígono industrial de La Vega y en Cubo de Bureba, que permita conectar con la N-232. Ni hay proyecto, ni se le espera.