Según la formación multicolor, con el PGOU actual se aumentó la edificabilidad de 34 a 59 viviendas en esta parcela, por lo que al Ayuntamiento le corresponderían de 3 a 4 pisos y plazas de garaje. Sin embargo, el asunto está en los tribunales y Altamira alega que, según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, había que haberlo solicitado antes de dar la licencia de Urbanización, cosa que no se hizo.
A estas 3 o 4 viviendas y plazas de garaje, se sumarían 15 más que se perderían también porque al pasar del Plan General del 99 al actual, se hizo una nueva división de esta parcela, que el Ayuntamiento tendría que expropiar.
Raúl Salinero quiere saber quién es el responsable y alerta que no votará a favor de dar licencias a obras nuevas hasta que desde el área de Urbanismo no se hagan bien las cosas. Además, según Salinero, el Banco "se ha quedado con lo bueno y el Ayuntamiento, con lo malo".