Política Burgos: Izquierda Unida denuncia la ‘intromisión’ de TRAGSA en el Laboratorio Agrario Regional de Castilla y León

Jorge García, coordinador provincial de Izquierda Unida en Burgos, ha anunciado que su formación ha presentado varias preguntas ante las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a que investigue si TRAGSA puede estar interviniendo en el funcionamiento del Laboratorio Agrario Regional, ubicado en Burgos.

Este laboratorio cambió en torno al año 2005 su funcionamiento, pasando de ser un servicio de apoyo a profesionales de la agricultura y la ganadería, mediante la creación de informes, a asistir únicamente a los organismos de la Junta.

En dicho centro, actualmente trabajan 11 técnicos, dos analistas y tres auxiliares, además de los dos asesores externos de TRASGA, quedando tres plazas sin convocar para trabajadores públicos. Izquierda Unida realizará las preguntas planteadas por la plataforma Viernes Negro, que ya trató de llevar este asunto ante la Junta mediante un escrito de denuncias.

El cambio en el uso del Laboratorio ha provocado pérdidas de 2,3 millones de euros, según Jorge García, y ha pasado de atender a 300 profesionales a únicamente 8 organismos de la Junta, llevando el grueso del trabajo hacia el sector privado.

Desde Izquierda Unida se pide que se convoquen las tres plazas vacantes y que los trabajadores externos dejen de hacer funciones propias del Laboratorio. Además, se recuerda que el Laboratorio ya estuvo en el centro de la polémica, porque en el año 2009 se construyó un nuevo edificio que lo albergara mientras se destinaban 3 millones de euros a la reforma del espacio anterior.

Por otro lado, Jorge García señala que una de las trabajadoras de TRAGSA figura como directora técnica del centro privado Laboratorio Agroambiental, realizando unas labores similares y que sospechan que "presuntamente podrían usar el sector público para favorecer sus intereses".

Las preguntas presentadas son: ¿Por qué no se convocan las plazas si se tiene contratados a los asesores externos de TRAGSA para apoyo técnico?; ¿La Junta considera necesarias estas contrataciones externas?; ¿Por qué figura como directora técnica del laboratorio Agroambiental de Castilla y León, de propiedad privada, una trabajadora dependiente de la Administración Pública?; ¿Qué medidas ha adoptado la Consejería para cumplir las recomendaciones que presentó el Procurador del Común para mejorar la eficiencia del centro? Y, por último, ¿Qué explicación fundamentaba dejar de dar el servicio a los profesionales de la agricultura y la ganadería?