Se han revisado diversos protocolos del ámbito sanitario, intrafamiliar y educativo que, a partir de ahora, serán de obligado cumplimiento y contarán con unos elementos de garantía básicos y comunes de aplicación.
La protección a la infancia, a los más vulnerables, es una prioridad para la Junta de Castilla y León como ha reconocido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien también ha recordado que la detección y la notificación de posibles situaciones de maltrato a la infancia es una labor que incumbe a toda la sociedad. Por este motivo, el Decreto que se publica en Gobierno Abierto, incide en la detección precoz de situaciones de riesgo o desamparo de los menores, la coordinación de los profesionales y la concienciación social e incluye como principales puntos:
Isabel Blanco- La garantía del anonimato de particulares que denuncien posibles situaciones de riesgo o desamparo, algo a lo que están obligados por Ley (en los Centros de Acción Social o a través de los teléfonos 012 / 112)
- Se pone a disposición de los propios menores de edad los medios específicos para denunciar, como el 'Teléfono 116 111' que es gratuito y confidencial y en el que se presta ayuda a niños y adolescentes
- Se regula la forma en que los profesionales, tanto de servicios públicos y privados o autoridades, pueden comunicar una posible situación de riesgo o desamparo
- Se establece la obligatoriedad de elaborar protocolos de actuación en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales en el marco de este Decreto, a fin de que los profesionales cuenten con la formación adecuada para detectar con eficacia situaciones de esta naturaleza y puedan llevar a cabo las actuaciones de manera coordinada
- Se contempla expresamente un marco de actuación en el ámbito de los servicios sociales y en el sanitario. Se garantiza con este Decreto que ningún menor será dado de alta en un hospital hasta que se reciba la resolución de la autoridad judicial correspondiente, del Ministerio Fiscal o de los servicios sociales competentes que hayan valorado el caso
- Se pone a disposición de los menores todos los medios e instrumentos posibles como una red de centros de acogida operativa las 24 horas del día en cada provincia, para prestar la atención inmediata o de urgencia
- Se refuerza la implicación de los colegios profesionales en la sensibilización, información y formación de sus colegiados
La garantía del anonimato de particulares que denuncien posibles situaciones de riesgo o desamparo, algo a lo que están obligados por Ley (en los Centros de Acción Social o a través de los teléfonos 012 / 112)Se pone a disposición de los propios menores de edad los medios específicos para denunciar, como el 'Teléfono 116 111' que es gratuito y confidencial y en el que se presta ayuda a niños y adolescentesSe regula la forma en que los profesionales, tanto de servicios públicos y privados o autoridades, pueden comunicar una posible situación de riesgo o desamparoSe establece la obligatoriedad de elaborar protocolos de actuación en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales en el marco de este Decreto, a fin de que los profesionales cuenten con la formación adecuada para detectar con eficacia situaciones de esta naturaleza y puedan llevar a cabo las actuaciones de manera coordinadaSe contempla expresamente un marco de actuación en el ámbito de los servicios sociales y en el sanitario. Se garantiza con este Decreto que ningún menor será dado de alta en un hospital hasta que se reciba la resolución de la autoridad judicial correspondiente, del Ministerio Fiscal o de los servicios sociales competentes que hayan valorado el casoSe pone a disposición de los menores todos los medios e instrumentos posibles como una red de centros de acogida operativa las 24 horas del día en cada provincia, para prestar la atención inmediata o de urgenciaSe refuerza la implicación de los colegios profesionales en la sensibilización, información y formación de sus colegiados