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La Plataforma por la Sanidad Pública exige el cese o dimisión del vicepresidente de la Junta

La Plataforma por la Sanidad Pública exige el cese o dimisión del vicepresidente de la Junta

Actualizado 19/01/2023 08:44

La Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos se muestra contraria a cualquier medida que pretenda cuestionar o condicionar la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad y que pretenda "orientar" sin evidencia científica la asistencia prestada por obstetras y matronas.

A continuación reproducimos de forma íntegra el comunicado de la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos.

Como habitantes de una Comunidad que vive una grave situación de despoblación, somos conscientes de la importancia revertir esa tendencia. Por eso exigimos rigor por parte del gobierno de la Junta y de los partidos que lo sostienen.
  • Porque las mujeres no precisan tutelas condescendientes sino respeto y condiciones sociales, laborales y sanitarias que les permitan decidir libremente sobre su proyecto reproductivo y de familia.
Porque las mujeres no precisan tutelas condescendientes sino respeto y condiciones sociales, laborales y sanitarias que les permitan decidir libremente sobre su proyecto reproductivo y de familia.
  • Porque la decisión sobre la maternidad es previa a lo que eventualmente se proporcione durante la asistencia al embarazo.
Porque la decisión sobre la maternidad es previa a lo que eventualmente se proporcione durante la asistencia al embarazo.
  • Porque no hay listas negras de profesionales (a no ser que el Partido Popular, esté reconociéndose como autor de un hecho que sería gravísimo, ya que lleva 21 años gestionando la Sanidad de Castilla y León). La actual normativa permite conciliar los derechos de las gestantes y el derecho a objeción de conciencia de los sanitarios. El registro de objeción de conciencia no es una "lista negra", sino una herramienta imprescindible para organizar la actividad asistencial y evitar derivar procesos a la sanidad privada, cuando hay recursos suficientes en la pública.
Porque no hay listas negras de profesionales (a no ser que el Partido Popular, esté reconociéndose como autor de un hecho que sería gravísimo, ya que lleva 21 años gestionando la Sanidad de Castilla y León). La actual normativa permite conciliar los derechos de las gestantes y el derecho a objeción de conciencia de los sanitarios. El registro de objeción de conciencia no es una "lista negra", sino una herramienta imprescindible para organizar la actividad asistencial y evitar derivar procesos a la sanidad privada, cuando hay recursos suficientes en la pública.
  • Porque no hay bases científicas que justifiquen las medidas anunciadas.
Porque no hay bases científicas que justifiquen las medidas anunciadas.
  • Porque mientras maquinan este tipo de iniciativas, apenas están tomando medidas de calado que aborden la situación socioeconómica y laboral de nuestros jóvenes y de nuestras familias, que es lo que más condiciona los planes sobre tener hijos.
Porque mientras maquinan este tipo de iniciativas, apenas están tomando medidas de calado que aborden la situación socioeconómica y laboral de nuestros jóvenes y de nuestras familias, que es lo que más condiciona los planes sobre tener hijos.
  • Porque deberían orientar la acción de gobierno hacia un apoyo real de la infancia y de las familias. Sobre todo, de las familias y de los niños y niñas más vulnerables (por problemas económicos, por enfermedades crónicas, por problemas de desarrollo psicomotor, por situaciones de dependencia...).
Porque deberían orientar la acción de gobierno hacia un apoyo real de la infancia y de las familias. Sobre todo, de las familias y de los niños y niñas más vulnerables (por problemas económicos, por enfermedades crónicas, por problemas de desarrollo psicomotor, por situaciones de dependencia...).El vicepresidente y el portavoz del gobierno de Castilla y León han anunciado cuestiones que no defienden a las familias y a su diversidad. Son medidas que reflejan una visión cerrada y sectaria del mundo y de la sociedad y que supondrían limitar los derechos de las mujeres y de los profesionales del Sistema Sanitario.Por tanto, mostramos nuestro rechazo a los anunciados cambios en el protocolo de control del embarazo y exigimos el cese o dimisión del vicepresidente de la Junta.