Desde la Delegación de Hacienda hasta la Delegación Territorial de la Junta, pasando por la Dirección Provincial de Educación, es el recorrido que los empleados públicos de Burgos han realizado en una manifestación convocada por los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, UGT (FESP) y CC.OO. (Área Pública). Durante la concentración se ha exigido una tasa de reposición del 100% en todos y cada uno de los colectivos y sectores, así como un incremento salarial que compense la pérdida de casi el 30% del poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos años.
Desde los sindicatos critican que el Gobierno mantenga bloqueada la posibilidad de que los gobiernos autonómicos que lo deseen, como es el caso de Castilla y León, puedan aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos. La jornada de las 35 horas, matiza la responsable del sindicato CSI-F Burgos, Silvia Cámara, "era un derecho adquirido en el sentido de que las no subidas correspondientes se compensaron con horario".
En cuanto al acuerdo que el Gobierno firmó el pasado 29 de marzo, los sindicatos creen que es insuficiente pero entienden que la oferta de empleo de 360.000 puestos es el primer paso "para quitar la interinidad y lograr la estabilidad en el empleo público". En tres años, periodo por el que se ha sucrito el acuerdo, se espera que la interinidad llegue a un 8%.
Esperan que este nuevo acuerdo resuelva, además, uno de los mayores problemas de los empleados públicos, en especial de Burgos, como lo es el envejecimiento de la plantilla.