El Partido Castellano demanda a la Diputación Provincial y a la Junta de Castilla y León la implantación de un programa de nuevas tecnologías en todos los núcleos habitados de la provincia de Burgos
Estos servicios básicos de nuevas tecnologías han sido calificados por el Partido Castellano como derechos fundamentales para la población, independientemente en el lugar donde viva. Es el medio rural de Burgos el que carece en su mayoría de estos servicios.
La calidad de estas nuevas tecnologías es imprescindible para cualquier proyecto de desarrollo económico y social e incluso para combatir el fenómeno de despoblación, especialmente en la población joven, ha añadido el secretario de organización del Partido Castellano, Luis Marcos.
Según ha informado el Partido Castellano, el 90% de los núcleos de población con menos de 500 habitantes, es decir, casi la totalidad de la provincia de Burgos, se encuentran sin servicio de Internet o con una prestación irregular y precaria.
Esta misma situación también tiene lugar en otras tecnologías más antiguas como son la radio y la televisión, que poseen zonas de sombra muy amplias. Marcos ha afirmado que en Burgos 1/3 de la provincia no puede recibir ni emisoras ni televisiones regionales y locales.
Desde el Partido Castellano reclaman a la Diputación Provincial de Burgos y a la Junta de Castilla y León que inicien actuaciones para garantizar el servicio de nuevas tecnologías a todos los ciudadanos y así no incrementar el problema de la despoblación. Especialmente un programa urgente de las nuevas tecnologías en la provincia de Burgos, que según los cálculos del Partido Castellano estaría dotado con una partida presupuestaria de 3 millones de euros, así lo ha constatado Luis Marcos.
Marcos ha calificado la partida propuesta por el Partido Castellano como una partida modesta, que simplemente requiere de buena voluntad por parte de los responsables de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León. El objetivo es logar que nuestros pueblos estén conectados e ir haciendo comunidad y tierra.
La agenda digital de la Unión Europea exige para el 2020 que el 100% de la población tenga acceso a la banda ancha con una velocidad superior a 30 megas por segundo. Por su parte también han establecido que debería ser la Diputación o la Junta las que negocien con las compañias y no los particulares.