Negocio con los muertos
Los levantamientos judiciales en la provincia de Burgos suponen un negocio cercano al millón de euros al año. Las funerarias siguen en pie de guerra y no descartan volver a los Tribunales.
La Secretaria de Estado de Justicia a través de la Gerencia Territorial de Castilla y León ha sacado el Pliego de Clausulas Administrativas para la Recogida de Cadáveres, Convocatoria 2016-17.
El pasado día 30 de septiembre finalizaba el plazo para presentar ofertas. Serán dicha Gerencia en nuestra provincia, junto al Director del Instituto de Medicina Legal de Burgos quienes evalúen las diferentes propuestas presentadas, aunque varias funerarias de la capital y provincia dicen estar convencidas de que, una vez más, el servicio será para quien lo lleva efectuando durante los últimos 6 años.
El próximo 1 de noviembre el adjudicatario empezará a realizar el servicio para el ejercicio 2016-2017.
Por primera vez en Burgos, 7 funerarias de la provincia tienen intención de unirse en una U.T.E. (4 como componentes y 3 como colaboradores del proyecto) para conseguir dicho Concurso.
Todos los participantes en el mismo han tenido que reflejar el número de tanatorios, salas velatorias, crematorios, vehículos y otros muchos medios que tengan para poder realizar los servicios en las mejores condiciones.
Lo que sí que a este CONFIDENCIAL le ha llamado muchísimo la atención es que el Ministerio de Justicia aporta sólo 3.000 euros (los concursantes pueden incluso no cobrarle nada) por todos los servicios realizados en un año, entendiendo que pueden llegar a ser hasta 300 la intervenciones judiciales que conllevan la participación de la funeraria adjudicataria (216 autopsias hubo el año pasado en la provincia, a las que hay que sumar los reconocimientos de los cadáveres por parte de los forenses en los que no se realizó la autopsia).
Dicho esto, ese interés por partes de casi todas las funerarias por hacerse con ese Contrato se debe a que a partir de ese momento son los únicos que pueden llevarse al muerto. Y es entonces, y eso que la convocatoria dice claramente, SE DEBERÁ INFORMAR A LOS FAMILIARES DEL FALLECIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE PUEDA ELEGIR LIBREMENTE LA FUNERARIA QUE DESEEN, cuando aparece el negocio, puesto que la mayoría de los familiares, por uno u otro motivo dejan que sea la funeraria que realiza el traslado judicial la que continúe con todos los trámites del enterramiento, y eso puede llegar a significar, en bastantes casos cantidades próximas a los 2.500-3.000 euros por muerto.
En resumen, que no se gana nada en el traslado, es más, se pierde dinero, pero se recupera con creces con los servicios posteriores. De ahí, insistimos en que este tema ya haya pasado por algún Tribunal de Justicia, y no descartamos que vuelva a suceder.