Podemos solicita que se incluya el Juego dentro del nuevo Plan Municipal de Drogodependencia

Podemos Burgos ha vuelto a mostrar su preocupación por el aumento de personas, sobre todo jóvenes, que se enganchan al juego y no dudan en calificar a la ludopatía como un verdadero problema de salud pública.La concejala de la formación morada, Margarita Arroyo ha señalado que siguen trabajando para intentar erradicar este asunto y ha recordado el incremento que en los últimos años se ha producido de Salas de Juego y Casas de Apuestas en nuestra ciudad. A día de hoy en Burgos, se contabilizan 25 locales de estas características, cuando hace dos años había 22. Además, han constatado que las personas que se enganchan al juego cada vez son más jóvenes, situándose la edad media en 30 años, lo que constituye un drama para las familias.

Por todo ello, pide al Ayuntamiento que realice campañas de concienciación entre los jóvenes burgaleses sobre los efectos negativos del juego, al tiempo que pide que se modifique el Plan Municipal de Drogodependencia que data del año 1997 y ya se encuentra muy obsoleto, e incluya al juego como una adicción más.

Asimismo, pide que se dote a la Asociación Burgalesa de Juego Rehabilitado de un nuevo local para realizar sus actividades y que se les aumente la subvención municipal.

En otro orden de cosas, Arroyo ha pedido a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Sonia Rodríguez que realice las gestiones necesarias para que el Consistorio firme de una vez por todas con la Caixa, el convenio que tiene pendiente desde agosto del 2019 para liberar 18 pisos sociales destinados a familias que sufren necesidades derivadas del pago de su hipoteca.

Al respecto, ha recordado que desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han denunciado está situación desde hace varios meses, y aseguran que las 18 familias afectadas ya no pueden esperar más.

Asimismo indica que si este convenio sigue sin firmarse, se corre el riesgo de que estas viviendas pasen al mercado y se pierdan.

Las partes implicadas, según Arroyo, aducen problemas jurídicos para justificar este retraso en la firma del convenio.