Educación Burgos: Uno de cada cuatro profesores declara sufrir agresiones físicas o verbales
El Defensor del Profesor se consolida, año tras año, como un servicio de atención inmediata y gratuita para docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas. Puesto en marcha por la Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE) en 2005, como primera medida de apoyo ante la indefensión del profesorado y como llamada de atención sobre el problema de la violencia escolar, es un servicio abierto a todo el profesorado sin ningún tipo de distinción y operativo en todas las comunidades autónomas, a fin de favorecer la atención personalizada a todos los docentes.
Durante los once años que han transcurrido desde su puesta en marcha, la oportunidad y la justificación del Defensor del Profesor se han traducido en más de 30.000 actuaciones, preferentemente destinadas a los docentes de la enseñanza pública.
Pero, además, ha supuesto la apertura de un debate social sobre la conflictividad en las aulas, la difusión de esta realidad al conjunto de la sociedad y que las administraciones educativas hayan empezado a prestar atención a este problema. "De esta forma hemos contribuido decisivamente a un cambio de las normas de convivencia en las comunidades autónomas, a que se dieran instrucciones para considerar delito de atentado las agresiones a los docentes y a que se legisle a favor de la consideración del profesor como autoridad pública", afirma ANPE.
De los 1.961 casos atendidos por el Defensor del Profesor el curso pasado, el 39% corresponde al profesorado de Primaria, el 35% a Educación Secundaria, el 6% a Infantil, el 3% a la FP Básica, el 3% a Ciclos Formativos y un 14% al resto de enseñanzas.
Por lo que se refiere a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los concernientes a los alumnos, los que provienen de la interacción con los compañeros y los relacionados con los padres. En cuanto a los alumnos: el 31% corresponde a faltas de respeto, 20% a problemas para dar clase, 19% a ciberacoso (grabaciones, fotos e internet), 10% a conductas agresivas entre alumnos, 7% acoso y amenazas, 3% agresiones y un 2% a daños contra la propiedad.
En relación a los profesores, el 26% son problemas con la dirección, 18% problemas con la administración, 13% problemas por no aplicar el reglamento de centro, 11% problemas entre compañeros y el 2% apertura de expediente disciplinario.
Relativos a los padres, el 50% son acusaciones carentes de fundamento, 29% acoso y amenazas, 18% denuncias, 8% presión para el cambio de calificaciones escolares y el 2%.