La limitación de mandatos que nadie parece querer contar
En 2016, Castilla y León estrenó con solemnidad una ley para limitar a ocho años el mandato de su presidente. Un gesto regenerador que, sin embargo, olvidó un detalle fundamental: especificar desde cuándo se empieza a contar. Ahora, una década después, esa omisión se ha convertido en la puerta trasera que permite a Alfonso Fernández Mañueco optar a un tercer mandato, poniendo en evidencia la fragilidad de una regeneración que nunca aprendió a contar hasta ocho.
La famosa limitación de ocho años en Castilla y León nació como una promesa de nuevos aires en la política. La Ley 3/2016 del Estatuto de los Altos Cargos proclamaba con rotundidad que nadie podría ostentar la presidencia más de ocho años, un compromiso adquirido en un contexto de exigencia ciudadana de mayor transparencia y control del poder [1]. Sin embargo, la ley, tan solemne en su enunciado, guardó un silencio elocuente sobre lo más básico: cómo y desde cuándo se computaría ese límite.
Ese vacío legal es el limbo en el que Alfonso Fernández Mañueco ha gobernado cómodamente. Su primer mandato, iniciado en julio de 2019, fue interrumpido por un adelanto electoral en 2021, lo que fragmentó la legislatura. Tras ser reelegido en febrero de 2022, llegará a las elecciones de marzo de 2026 habiendo acumulado aproximadamente seis años y medio en el cargo. Legalmente, no ha “ostentado durante ocho años la presidencia”, por lo que su candidatura es formalmente impecable [2].
Lo curioso de esta situación no es solo la maniobra política, sino el silencio cómplice que la rodea. Ni quienes redactaron la ley, ni quienes la celebraron como un hito de la regeneración, ni quienes hoy deberían fiscalizarla, han exigido aclarar el método de cómputo. La derecha presume de un límite que en la práctica no se aplica, mientras la izquierda denuncia el abuso sin forzar una reforma que cierre la ambigüedad. Y así, entre discursos grandilocuentes y silencios oportunos, la credibilidad de las instituciones se erosiona sin hacer ruido.
El adelanto electoral de 2021 no fue una decisión trivial. Consciente o inconscientemente, activó la principal debilidad de la ley. Al no completar una legislatura de cuatro años, el reloj del cómputo se reinició parcialmente, permitiendo a Mañueco aspirar a un tercer mandato sin incumplir la norma de manera literal. Es la crónica de una laguna jurídica anunciada, donde la política se acomoda a la norma en lugar de servir a su espíritu.
Al final, la pregunta incómoda no es si Mañueco puede legalmente seguir en el poder. La pregunta, mucho más profunda, es sobre la calidad de la democracia y la seriedad de sus mecanismos de control. ¿Quién puede confiar en una regeneración que ni siquiera sabe contar hasta ocho? Cuando una ley diseñada para restaurar la confianza se convierte en una herramienta para la perpetuación, el mensaje es desolador: las reglas están hechas para ser sorteadas, no para ser cumplidas.