Los parlamentarios burgaleses del Partido Popular han denunciado la gestión del Gobierno central sobre el solar del antiguo Hospital Yagüe, al que acusan de incurrir en "especulación" tras la aprobación de una nueva licitación para su venta
Durante una comparecencia pública, los representantes populares han calificado de "auténtico escándalo" la apertura del sexto concurso para enajenar los más de 20.000 metros cuadrados del terreno, una operación que, según han señalado, incrementa en casi dos millones de euros el precio del suelo respecto a la tasación anterior. A su juicio, esta decisión tendrá un impacto directo en el bolsillo de los futuros compradores. En concreto, han estimado que cada vivienda libre que se construya en la parcela asumirá un sobrecoste de unos 35.000 euros, cifra que podría elevarse considerablemente si se suman los gastos de urbanización.
Según han explicado, el desarrollo completo del ámbito -incluida la urbanización- podría repercutir en torno a 165.000 euros por vivienda solo en costes de suelo, lo que, en su opinión, dará lugar a promociones "de lujo" alejadas de las necesidades reales de acceso a la vivienda.
Los populares han criticado además la falta de avances en este proyecto desde la demolición del antiguo hospital en 2016. Han recordado que el planeamiento urbanístico fijaba un plazo máximo de cuatro años para su desarrollo, plazo que, aseguran, se ha duplicado sin resultados. "Llevan ocho años sin ser capaces ni de gestionarlo directamente ni de venderlo", han reprochado.
Hasta la fecha se han sucedido cinco intentos fallidos de subasta desde 2022, quedando todos desiertos por los elevados precios. La nueva convocatoria, publicada recientemente, mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas hasta mediados de mayo, con apertura prevista para el 2 de junio.
Más allá del encarecimiento de la vivienda, los parlamentarios han incidido en las consecuencias urbanísticas de este retraso. Han denunciado que la ciudad sigue sin disponer de dotaciones previstas en el proyecto, como un parque de más de 3.000 metros cuadrados, nuevas calles, plazas de aparcamiento, una parcela para equipamientos públicos o espacios para actividad comercial.
Los representantes populares han anunciado además que continuarán impulsando iniciativas en el Congreso y el Senado para exigir al Gobierno que agilice este proceso, al tiempo que han denunciado un "trato discriminatorio" hacia la provincia en materia de infraestructuras y vivienda.