Borja Suárez, señalado por contratos con su empresa, se refugia en el “desamparo” institucional
La oposición cuestiona la responsabilidad ética del concejal, mientras este defiende su actuación y denuncia “falta de amparo” institucional
El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha tomado razón de la situación de incompatibilidad derivada de los contratos adjudicados tanto por el Consistorio como por ProBurgos a la empresa Eventos El Espino SL, participada por el concejal Borja Suárez hasta en un 33%, en un debate marcado por el enfrentamiento político y las acusaciones cruzadas.
Según recoge el expediente, Suárez había declarado previamente una participación del 22% en la mercantil -que posteriormente se elevó hasta el 33%-, mientras que entre 2024 y 2025 el Ayuntamiento adjudicó cinco contratos de catering por más de 8.000 euros y ProBurgos otros 13. La legislación establece como causa de incompatibilidad que un concejal mantenga participaciones superiores al 10% en empresas que contratan con la administración.
El Pleno no ha declarado formalmente la incompatibilidad, sino que ha tomado razón de que esta se produjo, tal y como establece el procedimiento, que prevé que el afectado deba optar entre abandonar la situación o renunciar a su acta en un plazo determinado.
El propio Borja Suárez ha defendido su actuación, asegurando que ha actuado “con transparencia” y denunciando la “falta de amparo” por parte del Ayuntamiento ante una situación que, a su juicio, no contó con mecanismos preventivos adecuados. En este sentido, valoró positivamente el nuevo protocolo elaborado por los servicios técnicos, que busca reforzar el control y la información sobre posibles conflictos de intereses.
Sin embargo, desde la oposición se cuestionó tanto el fondo del asunto como la necesidad de ese protocolo. El portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, ha considerado que el documento “no aporta nada nuevo” y que las obligaciones ya estaban claramente definidas por la ley.
Más contundente ha sido la concejala socialista Blanca Carpintero, quien subrayó que la normativa sobre incompatibilidades es “básica” y conocida, y ha criticado que se llegaran a formalizar hasta 18 contratos con la empresa pese a la participación declarada del concejal. Además, elevó el debate al plano ético, cuestionando el ejemplo trasladado a la ciudadanía.
En la misma línea, desde el PSOE se insistió en que la situación no puede justificarse por desconocimiento y que cargos públicos con responsabilidades institucionales deben extremar la diligencia.
Por su parte, Suárez rechazó las acusaciones y negó haber actuado de forma irregular, defendiendo que no ha existido ilegalidad y acusando a la oposición de intentar trasladar el debate al terreno ético de forma “injusta”. También denunció el “escarnio” sufrido fuera del ámbito institucional.
El equipo de Gobierno, por su parte, enmarcó la cuestión en un procedimiento administrativo ya recogido en la normativa y defendió que el nuevo protocolo servirá para evitar situaciones similares en el futuro.
La toma de razón de esta incompatibilidad cierra un episodio que ha centrado buena parte del debate político en las últimas semanas, aunque las discrepancias sobre las responsabilidades -especialmente en el plano ético- siguen abiertas.