El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, cumple el compromiso asumido con las organizaciones profesionales agrarias y eleva hasta 115 millones el presupuesto de la convocatoria.
La Junta ha resuelto ayudas por importe de 48,1 millones de euros para facilitar la incorporación de 598 jóvenes agricultores y ganaderos y financiar 181 planes de mejora vinculados a sus explotaciones.
La resolución da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con las organizaciones profesionales agrarias: agilizar la resolución de la convocatoria, ofrecer certidumbre a los solicitantes y facilitar que los jóvenes puedan poner en marcha cuanto antes sus proyectos profesionales en el medio rural. «Esta resolución convierte en hechos el compromiso asumido con el sector y aporta certidumbre a quienes han decidido incorporarse al campo», ha señalado Pino.
La convocatoria, cuyo plazo de solicitud finalizó el 31 de octubre de 2025, estaba dotada inicialmente con 100 millones de euros. La Junta ha elevado el presupuesto hasta los 115 millones con el objetivo de atender las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos, conforme a los criterios de prioridad previstos.
Con las resoluciones aprobadas durante el mes de julio se ha dado respuesta a más de dos terceras partes de las solicitudes presentadas para la incorporación de jóvenes.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental continúa avanzando en la tramitación de la convocatoria de 2025 y resolverá en los próximos meses el resto de expedientes de incorporación, junto con las ayudas correspondientes a planes de mejora y planes medioambientales, hasta completar la ejecución de los 115 millones de euros previstos.
Una prioridad estratégica para Castilla y León y para España
El consejero ha subrayado que el relevo generacional no es solo una política de desarrollo rural, sino una cuestión estratégica para garantizar la continuidad de la agricultura y la ganadería, la actividad económica de los pueblos y el futuro productivo de Castilla y León. «Sin jóvenes no hay relevo generacional; y sin relevo generacional no podremos mantener una agricultura y una ganadería fuertes, rentables y capaces de garantizar la alimentación del país sin depender de importaciones de terceros países», ha afirmado.
Pino ha defendido que las políticas de incorporación deben favorecer explotaciones viables, competitivas y tecnológicamente avanzadas. También ha remarcado que no basta con ayudar a los jóvenes a comenzar, sino que es necesario crear las condiciones para que puedan consolidarse, crecer y desarrollar en los pueblos su proyecto profesional y de vida, apoyando inversiones vinculadas a la modernización, la innovación y la mejora de la eficiencia productiva.
El 49 % de los beneficiarios se incorporará a explotaciones agrícolas, el 44 % a explotaciones ganaderas y el 7 % restante a explotaciones mixtas. Las provincias de Zamora, León y Valladolid concentran conjuntamente más del 46 % de las incorporaciones resueltas, reflejando el dinamismo del sector agrario y la importancia de estas ayudas para garantizar la continuidad de numerosas explotaciones familiares.
La ayuda media concedida para la primera instalación alcanza los 66.678 euros por beneficiario y permite financiar cerca del 88 % de los gastos de instalación incluidos en los expedientes resueltos. Además, 181 jóvenes recibirán ayudas para desarrollar planes de mejora, con una subvención media de 45.626 euros por explotación, que financia aproximadamente el 61 % de la inversión auxiliada.
Un anticipo del 60 % para facilitar la puesta en marcha
Una vez recibida la resolución y acreditado el inicio de las actuaciones previstas en el plan empresarial, los beneficiarios podrán percibir un primer pago equivalente al 60 % de la ayuda de incorporación, con el objetivo de proporcionar la liquidez necesaria para afrontar los gastos e inversiones iniciales de la explotación.
Este anticipo tiene como objetivo aportar liquidez en la fase inicial, cuando los jóvenes deben afrontar las inversiones y gastos necesarios para poner en marcha la explotación. El 40 % restante se abonará después de justificar la correcta ejecución del plan empresarial aprobado, para lo que dispondrán de un plazo máximo de cinco años.
Pino ha reafirmado la voluntad de mantener una relación directa y permanente con las organizaciones profesionales agrarias y con el conjunto del sector para continuar dando respuesta a sus principales demandas. «Cada joven que se incorpora crea o consolida una explotación, genera actividad económica y refuerza la capacidad de España para producir sus propios alimentos. El relevo generacional es una cuestión de soberanía alimentaria, cohesión territorial y futuro nacional», ha concluido.