Ángel Luis Martín plantea concentrar en un único plan anual más de una veintena de líneas de ayudas y facilitar la gestión a los municipios, especialmente a los más pequeños
La propuesta que VOX llevará al Pleno de la Diputación Provincial de Burgos del próximo 25 de septiembre pide transformar el actual sistema de subvenciones de la institución provincial y avanzar hacia un Plan Unificado de Subvenciones para municipios y entidades locales menores, inspirado en el modelo que funciona desde 2016 en la Diputación de Zaragoza.
La iniciativa, según Martín, ha partido de un diagnóstico: “los ayuntamientos burgaleses tienen actualmente que enfrentarse a cerca de una veintena de convocatorias independientes, gestionadas desde distintas áreas de la Diputación, cada una con sus propios plazos, requisitos, modelos de solicitud, criterios de valoración y sistemas de justificación”.
Para VOX, esta fragmentación genera una carga burocrática especialmente difícil de asumir para los municipios de menor tamaño. La formación señala que muchos pequeños ayuntamientos carecen de personal técnico y administrativo suficiente y que, en algunos casos, esta complejidad puede llevarles incluso a renunciar a ayudas a las que tendrían derecho.
Su planteamiento central es que “sean los propios pueblos quienes decidan cuáles son sus necesidades prioritarias y cómo utilizar los fondos provinciales que les correspondan, dentro de los programas incluidos en el futuro plan”.
La proposición sostiene que el sistema actual permite que sea la Diputación la que determine, mediante cada convocatoria, el destino concreto de los fondos: caminos rurales, cultura, ferias, patrimonio, empleo o determinadas inversiones. Frente a este modelo, VOX defiende que el alcalde y la corporación municipal, por su conocimiento directo de la realidad local, puedan decidir si en un determinado momento necesitan pavimentar una calle, reparar un colegio, mejorar una red de abastecimiento, contratar un servicio o acometer cualquier otra actuación incluida dentro de los programas presupuestarios.
“El alcalde conoce las necesidades de su pueblo mejor que cualquier servicio provincial”, sostiene la propuesta registrada por el portavoz de VOX, que reclama que la Diputación actúe como “facilitadora de la autonomía municipal y no como una administración que determine de manera excesivamente detallada el destino de los recursos”.
Más de 30 millones de euros susceptibles de integrarse
La iniciativa calcula que, tomando como referencia el presupuesto provincial de 2026, el volumen de transferencias a entidades locales procedentes de recursos propios de la Diputación y susceptibles de integrarse en un plan unificado supera los 30 millones de euros anuales de media.
Entre las líneas que VOX plantea integrar se encuentran el Plan Provincial de Cooperación, el Plan de Entidades Locales Menores, las ayudas de patrimonio cultural, cultura y festejos, los planes de empleo, caminos rurales, cercados y abrevaderos, excavaciones arqueológicas, obras extraordinarias y urgentes, renaturalización de espacios urbanos, ferias agropecuarias, abastecimiento y ciclo integral del agua, tanques elevados para usos agrícolas, control de colonias felinas y determinados programas de bienestar y acción social.
Quedarían fuera aquellas líneas vinculadas a convenios con otras administraciones o entidades que establezcan condiciones incompatibles con una convocatoria unificada, como determinadas actuaciones financiadas conjuntamente con la Junta de Castilla y León o la Archidiócesis de Burgos. También quedarían excluidas las ayudas destinadas a personas físicas o jurídicas que no sean entidades locales, así como la financiación de los parques de bomberos, al tratarse de una competencia propia de la Diputación.
En esta primera fase tampoco se incluirían las líneas gestionadas a través del Instituto Provincial del Deporte y Juventud ni SODEBUR, aunque la propuesta deja abierta su incorporación en ejercicios posteriores.
Un modelo con una parte de dinero de libre disposición
Uno de los elementos más destacados de la propuesta es la creación de un componente incondicionado, es decir, una cantidad de libre disposición para cada municipio que no tenga que estar vinculada a una finalidad concreta y que iría más allá del gasto corriente actual.
La formación plantea trasladar la filosofía desde Zaragoza a Burgos, de modo que los ayuntamientos puedan contar con una financiación más flexible y utilizarla en función de sus necesidades reales.
De una veintena de expedientes a uno solo
La reforma también persigue reducir la carga administrativa para la propia Diputación. La proposición plantea sustituir los numerosos procedimientos actuales por un único procedimiento anual de solicitud, resolución y justificación por entidad beneficiaria.
De esta manera, cada ayuntamiento presentaría una sola solicitud indicando los programas a los que quiere destinar su dotación y realizaría posteriormente una única rendición de cuentas.
Martín Rivas defiende que esta simplificación permitiría a los servicios provinciales liberar recursos actualmente destinados a tramitar múltiples convocatorias y concentrarlos en las competencias que corresponden directamente a la Diputación.
La propuesta incide especialmente en los pequeños municipios, “donde alcaldes y concejales desempeñan sus funciones en muchos casos sin disponer de estructuras administrativas comparables a las de los grandes ayuntamientos”, tal como ha reconocido el portavoz de VOX en la Institución Provincial.
VOX reclama una nueva Ordenanza General de Subvenciones
La proposición no se limita a plantear una modificación puntual de las convocatorias. El cuarto punto de la iniciativa reclama que la Diputación elabore una Ordenanza General de Subvenciones del Plan Unificado, que sirva como marco normativo estable para las sucesivas convocatorias anuales.
Además, VOX pide que los distintos grupos políticos representados en la Corporación Provincial participen en el proceso de elaboración del nuevo sistema.
El objetivo, según ha declarado Martín, es que “el cambio no se limite a una decisión de un ejercicio presupuestario, sino que permita establecer un modelo estable y previsible para los ayuntamientos”.
“La Diputación debe facilitar, no tutelar”
El planteamiento político de fondo de la iniciativa es reforzar la autonomía de las entidades locales. Martín Rivas ha defendido que “si la Diputación reclama autonomía para sí misma frente a otras administraciones, debe aplicar el mismo principio en su relación con los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia”. La propuesta recuerda en este sentido la autonomía municipal reconocida por la Constitución y plantea que la administración provincial debe actuar como “principal facilitador de la autonomía local”, proporcionando financiación y apoyo técnico sin imponer innecesariamente el destino concreto de los recursos.
Para VOX, el sistema también reforzaría la responsabilidad política de los alcaldes ante sus vecinos: “si un municipio decide dedicar sus recursos a una determinada actuación, será su propia corporación la que tenga que explicar posteriormente esa decisión a los ciudadanos que decidirán después con sus votos”.
La proposición será debatida en el Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Burgos del 25 de septiembre de 2026, donde el Grupo Provincial VOX pretende abrir el debate sobre un cambio de modelo que afecta a buena parte de las ayudas provinciales destinadas a los municipios burgaleses.