PP y Vox pactan una partida para 2027 que se gestionará mediante un convenio con una asociación y que busca complementar las ayudas existentes, especialmente para quienes todavía no reciben las prestaciones más importantes de la Junta
La Diputación de Burgos prevé destinar 175.000 euros en el presupuesto de 2027 a reforzar la atención a las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con especial atención a quienes residen en el medio rural. La medida, impulsada conjuntamente por los grupos Popular y Vox, se articulará mediante un convenio con una asociación especializada y pretende complementar los recursos disponibles para los pacientes y sus familias.
La proposición se llevará al pleno provincial del próximo día 23. La partida permitirá financiar programas de atención domiciliaria, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, transporte adaptado, productos de apoyo, orientación y asistencia psicológica, tanto para los enfermos como para sus familiares y cuidadores.
Los promotores de la iniciativa quieren que la ayuda alcance especialmente a las personas que todavía no tienen reconocido el grado de discapacidad que les permite acceder a las prestaciones más importantes de la Junta de Castilla y León. Según explicaron durante la presentación, la provincia cuenta con alrededor de una veintena de pacientes asociados, aunque existe un número indeterminado de afectados que no pertenece a ninguna entidad.
La subvención no se concederá directamente a cada enfermo, sino a la asociación que desarrolle los programas de atención. El objetivo es que sus servicios estén disponibles para todas las personas afectadas que los necesiten, estén asociadas o no. La entidad también podrá prestar asesoramiento a las familias para tramitar solicitudes y gestionar la documentación necesaria para acceder a las ayudas.
La Diputación elaborará junto a la asociación una memoria que identifique las necesidades, los municipios a los que se prestará servicio, el número de beneficiarios potenciales y el coste de las actuaciones. A partir de ese documento se concretará el convenio y se determinará si la partida de 175.000 euros resulta suficiente para cubrir los programas previstos o si conviene ampliar la colaboración a otras entidades que ya trabajan con pacientes de ELA en la provincia.
Los grupos PP y Vox defienden que esta aportación tenga carácter complementario y transitorio. Ambos sostienen que la responsabilidad principal de financiar y desarrollar la ley estatal de la ELA corresponde al Gobierno de España y reclaman que se garantice una financiación suficiente, estable y verificable.
La iniciativa también plantea trasladar esta exigencia a la Junta de Castilla y León y a la Federación Española de Municipios y Provincias. Los representantes provinciales justifican la intervención de la Diputación por las dificultades añadidas que afrontan los enfermos del medio rural, donde las distancias complican el acceso a consultas, terapias y otros servicios especializados.
La partida se incorporará al presupuesto provincial de 2027, según anunciaron los grupos promotores, que confían en que el desarrollo y la financiación de la ley estatal permitan en el futuro que las administraciones locales dejen de asumir esta función complementaria.